Las Comisiones de Postulación son instituciones de derecho, que están normadas en la Constitución Política de la República que fueron creadas en el año 2009 con el objeto de seleccionar los perfiles con base en las hojas de vida de los postulantes a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otras autoridades para importantes entes estatales.
Con el correr de los años, han surgido cuerpos académicos, con derecho de conformar dichas comisiones, que por intereses políticos y espurios, se tornan en un botín político, creando universidades sin alumnos, o bien universidades patito que reconocen honoris causa a personajes cuestionados, ni hablar de tesis y títulos sin que se agoten las etapas del pensum, y otras más que si tienen alumnos y que su responsabilidad pesa, y que en dicho proceso se aceptan consignas para seleccionar a los postulantes, un proceso que debe cambiar para dar credibilidad y certeza, en segunda instancia al Congreso de la República y a los otros organismos estatales que de acuerdo con la Carta Magna, tienen el derecho de elegir, evento que debe ser observado por organismos internacionales y la comunidad guatemalteca, que exige y demanda que los futuros funcionarios sean seleccionados con el mejor perfil académico, evitar el compadrazgo, amiguismo y cualquier vinculación política.
Estos procesos en las últimas dos décadas han sido objeto de cuestionamientos, por la selección y posterior elección de las Comisiones de Postulación, en la que se ha seleccionado a personajes que buscan en todo caso nombrar a abogados afines y con intereses no rectos para el cargo que se les elige.
Se selecciona y se elige al menos idóneo, llegando al peor de los extremos que los comisionados aceptan sobornos, dádivas y beneficios, un hecho que ha sido severamente cuestionado, a nivel nacional e internacional. En esas circunstancias los entes internacionales, les han vedado el ingreso a funcionarios actuales que han sido severamente censurados por su aberrante conducta y no cumplir lo que claramente indica la Constitución de la República.
Un claro ejemplo, la irresponsabilidad de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no han logrado consensos para elegir al nuevo presidente de esa entidad, que debió tomar posesión el pasado 13 de octubre. Toda esa situación deviene de la forma en que fueron seleccionados y posteriormente elegidos. No se examinó su hoja de vida, ni se le sometió a un examen de capacidad, idoneidad y honradez. Obedeciendo consignas políticas de los diputados que los eligieron, se han convertido en funcionarios de poca credibilidad y certeza.
La Carta Magna, en un Estado de derecho, debe ser la columna vertebral de los eventos, que se avecinan, no caer en la sucia politiquería. Hay grupos políticos que estos eventos, se conforman y es obligación de los comisionados, cumplir con el juramento que norma la Carta Magna. No deben olvidar que se avecina un proceso electoral para renovar todos los cuadros políticos del país, para dignificar a una Guatemala, próspera y de progreso, de esa manera dar confianza a las naciones que reiteradamente han dicho que es su deseo de invertir, pero notan cierta desconfianza por los problemas que hubo en las elecciones del 2023, que el Ministerio Público, el Organismo Judicial, con jueces y magistrados corruptos, violentaron el Estado de derecho, aplicaron una Ley (el Crimen Organizado), quitándole la facultad constitucional, al ente que indica la ley (el Tribunal Supremo Electoral).
En los próximos días serán de desasosiego, intranquilidad, en la selección de los relacionados. Profesionales que tienen un perfil de credibilidad y honradez, desisten de postularse, dando por sentado que todo ese andamiaje, está cooptado por grupos políticos, que por años han jugado un rol denigrante en la selección y elección de esos funcionarios.
Arévalo, en su calidad de Presidente y jefe de la unidad nacional, ha exhortado a los aspirantes, tener confianza y es aquí, donde los comisionados que tienen el derecho de seleccionar la nómina de los postulantes, rechacen cualquier ofrecimiento, político y económico, y romper con esas viejas estructuras del pasado. Entes de prestigio de nivel internacional, monitorean los eventos y confían que se rompan esos hilos de parcialismo, dignifiquen su designación y seleccionar a los mejores profesionales, tomando en cuenta su currículum de vida, no tropezar con las malas prácticas del pasado.
Los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, jugarán un rol de primera línea en las próximas elecciones electorales. Se debe designar un jefe del Ministerio Público, que rompa con las viejas prácticas que, en su gestión a la cabeza de María Consuelo Porras Argueta, ha tenido esa entidad que debe cumplir con lo que dice su ley Orgánica y la Carta Magna.
El problema de fondo de los hechos que se dan en el país, deviene de que el ente que por ley está obligado a que cumpla con lo que dice la Constitución, (la Corte de Constitucionalidad), desvía sus resoluciones a nivel político y no cumple con lo que norma la ley de la materia. El nuevo Contralor de Cuentas, debe ceñirse a ser el fiscalizador de todos los entes del Estado, denunciar aquellos casos donde la corrupción por años contamina y beneficia a políticos y funcionarios que se roban el dinero del pueblo.
