En tiempos pasados se crearon los tribunales de fuero especial, que fueron tribunales especiales y específicos creados para conocer de asuntos crímenes graves, como delitos como el narcotráfico, secuestro, extorsión y asesinato. Los más recordados eran los del régimen de facto del General José Efraín Ríos Montt, después de darle golpe a los otros dos militares que componían la junta militar.
Estos tribunales de fuero especial eran de carácter sumario, prácticamente no tenía el acusado derecho de defensa o garantía constitucional para un juicio justo. La justicia era impartida por decreto, violando en varios casos el debido proceso. No obstante, la población veía con buenos ojos este tipo de juzgamiento, puesto por la publicidad que se le daba en la población había una percepción de justicia. Dentro de sus características principales estaba la de la Jurisdicción que tenían sobre todo el territorio guatemalteco para conocer de procesos por delitos específicos. Su competencia se especializaba en procesar delitos de gravedad o considerados de alta peligrosidad. Fueron creados por régimen militar para tener un estado policía por respuesta a la necesidad de abordar delitos particulares.
Pero veamos, los tribunales de fuero especial nunca disminuyeron la delincuencia, es más el estado de Guatemala fue criticado por ello en virtud de que no existía dentro de un proceso sumarial el derecho de defensa. Sólo sirvieron para etiquetar al régimen dictatorial al punto de que cuando fue la Visita de su Santidad San Juan Pablo II este pidió clemencia por reos que pasarían por el paredón, haciendo ver al país como salvaje y atrasado en la administración de Justicia. Por este tipo de cosas en la Constituyente de 1,986 se creó la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad para evitar los excesos y garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, por ello se cambió en la década de los noventa el sistema de aplicación del derecho penal.
No obstante, el sistema como dice la jerga popular que dice “hecha la ley hecha la trampa”. El proceso actual, aunque es oral, la oralidad y la ley, juntamente con la escasez de Juzgados penales han evitado la correcta aplicación de justicia para que esta sea rápida y cumplida.
Por ello en poblaciones urbanas y en especial en el área rural, no reciben protección de las autoridades y en algunas ocasiones en el interior “hacen justicia por mano propia” azotando y linchando a los delincuentes, en varios de los casos quitándoles la vida.
En los regímenes de facto de Enrique Peralta Azurdia y Efraín Ríos Montt, se modificaron las leyes para imponer severas penas, incluso la pena de muerte- por tribunales específicos, ejecutando a los delincuentes en procesos que se sustanciaban en la Auditoría de Guerra y los de fuero especial.
En el correr de los años, la delincuencia ha dejado víctimas y hogares desintegrados con la conformación de maras que dominan territorios y mantienen en vilo a las autoridades de seguridad y a la población que es víctima de extorsiones de todo tipo que ha beneficiado a los antisociales que controlan territorios y desde las cárceles, ordenan a sus aliados, exigiendo a sus víctimas, elevadas sumas de dinero, quien se niega, es ejecutado.
Las maras en Guatemala tienen su origen desde hace varios años, al ser expulsados de los Estados Unidos, delincuentes salvadoreños que en ese territorio cometían toda clase de hechos al margen de la ley. Varios de estos antisociales fincaron su residencia en nuestro país y se asociaron con guatemaltecos para cometer sus fechorías.
Si bien es cierto que las fuerzas de seguridad han focalizado el territorio dominado por las maras Salvatrucha, del Barrio 18, Imitadores y otros que tienen varias denominaciones para identificarse, las autoridades de seguridad han fracasado, en razón de la corrupción que por años ha sido el Sistema Penitenciario, desde las cárceles los delincuentes ordenan ejecuciones y los delincuentes de esos grupos, han sido identificados como terroristas, tras la decisión del gobierno de Donald Trump.
Ha originado indignación en la población la “fuga” de 20 pandilleros de la cárcel de Fraijanes II. Hasta ahora 4 han sido recapturados, ignorándose la ubicación de los otros mareros y el gobierno ha ofrecido una recompensa económica quien dé pista de los evadidos, sospechándose que huyeron a México y a los países vecinos.
La evasión de los delincuentes originó el cambio de las autoridades de gobernación y del Sistema Penitenciario. El nuevo titular de la cartera del interior, el ex juez Marco Antonio Villeda Sandoval, tomó posesión en lugar de Francisco Jiménez, quien para evitar su aprehensión salió del país, refugiándose supuestamente en Panamá, temiendo que el Ministerio Público, ordene su aprehensión y se le someta a juicio por una supuesta responsabilidad en la evasión en Fraijanes II. Villeda aseguró que pedirá la colaboración del FBI de los Estados Unidos, para ubicar a los delincuentes, que tienen en jaque a la policía, y a la población, que teme ser víctima de los criminales.
Se conoce que la delincuencia común y política se estiman incontrolables. Declarar terroristas a las maras, obliga a una reforma a fondo de los códigos penal y procesal penal e instruir al Ministerio Público, a establecer qué bienes inmuebles tienen los mareros y congelar las cuentas que tienen en los bancos, que llegan a millones por las extorsiones de los delincuentes.
El miedo y el dolor y el desamparo de las autoridades de seguridad, nos obliga a que se reactive la pena de muerte. En octubre de 2017 la Corte de Constitucionalidad resolvió declarar la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal que estableció la pena capital.
Los guatemaltecos no podemos vivir a merced de la delincuencia organizada y es urgente que las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación, armonicen con el Ministerio Público y el Organismo Judicial, para minimizar la violencia que a diario se registra en el país, que algunos analistas han advertido que podría tener vínculos políticos para desprestigiar al gobierno de Arévalo, que se ha sindicado de supuesta irresponsabilidad en su gestión, por políticos de oposición que están ofendidos en razón que el jefe del ejecutivo, asegura que no permitirá la corrupción, que ha sido el talón de Aquiles y el marginamiento de los organismos del Estado, con la administración arevalista.
Empero se hace necesario un cambio y modernización del sistema de justicia, que va desde la elección de los magistrados, fiscal general, ampliación de juzgados penales, y reformas claras y precisas a la legislación penal y del sistema penitenciario.
