La administración de justicia en Guatemala ha estado en un profundo declive durante las últimas décadas, apartándose abiertamente de lo regulado en la Constitución. Este sistema, cooptado por consignas políticas e intereses sectoriales, ha minado el Estado de Derecho, perjudicando a los sujetos procesales y generando una profunda desconfianza en la ciudadanía.
Jueces y magistrados, con sus fallos y resoluciones, han desvalorizado sus cargos, cediendo ante grupos de poder que han secuestrado los órganos de justicia. Se han perdido valores esenciales como la responsabilidad, honradez, idoneidad y decencia, lo que se traduce en una marcada mora judicial y un desgaste progresivo de la pronta administración de justicia. Es denigrante que incluso la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima defensora de la Carta Magna, se pliegue a intereses políticos y espurios.
El problema de la administración de justicia tiene nombres y apellidos, comenzando por el proceso de elección de sus más altos funcionarios.
Los comisionados que integran las comisiones de postulación –procedentes de la academia y entes estatales– están asociados con políticos y sectores de poder. Estos vínculos se materializan en ofrecimientos abiertamente ilegales y dádivas, deshonrando su juramento constitucional y desmeritando su honradez y decencia.
Un claro ejemplo es la reciente selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso. Este fue un proceso eminentemente político, en el que los diputados no analizaron la idoneidad profesional de los postulantes. La supuesta urgencia para acatar una resolución de la CC de forzar la toma de posesión, solo sirvió para legitimar un proceso viciado.
Las resoluciones de la CC son un foco constante de degradación y contradicción. La aprobación de la integración de nuevas salas de apelaciones, por ejemplo, ha sido señalada como una violación a la Constitución. Esta y otras acciones tienen un objetivo evidente: la reelección de los actuales magistrados constitucionales, a pesar de que la facultad para nombrar las salas es competencia exclusiva del Congreso.
A todo esto, se suma la actuación deplorable de jueces que autorizaron el traslado de reos de alta peligrosidad y líderes de clicas criminales desde la prisión de máxima seguridad (Renovación I de Escuintla) de vuelta a penales comunes. Este hecho repudiable contraviene las normas del sistema penitenciario y les permite continuar dando órdenes de extorsión y amenaza desde las cárceles, una situación que el presidente Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, han denunciado que el país se encuentra en una lucha por una nación digna, donde la política deje de contaminar la administración de justicia y la corrupción deje de asociarse con ella. En ese contexto, el presidente Arévalo ha anunciado la presencia de altos personajes de la ONU en Guatemala para observar los futuros procesos de selección y elección de la próxima fiscal general y jefe del Ministerio Público, magistrados de la CC y otras instituciones clave. El objetivo es asegurar que estos futuros funcionarios cumplan con los postulados constitucionales de prestigio, honradez e idoneidad, y no denigren los deseos del pueblo guatemalteco.
