En los últimos días, el gobierno del presidente Arévalo por medio del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil han desarticulado varias células que pertenecen a la mara Salvatrucha, Barrio 18 y Los Caradura.
La lucha ha sido feroz con resultados de policías fallecidos en la lucha contra estos grupos, y han logrado bajar los hechos delictivos respecto al sicariato y extorsión, es una dura lucha para desarticular las maras que se han convertido en un peligro social que data desde hace más de cuatro décadas que tienen su origen en los estados de Nueva York y California.
Este reto que por ahora se ve distinto a la estrategia de los gobiernos anteriores al actual, tuvieron como resultado el fracaso para detener la escala de violencia de estos delincuentes, que con permiso de ciertos políticos y gobiernos se han apoderado de territorios, especialmente de barrios marginales para conjuntarse y cometer toda clase de crímenes y muchos de esos grupos se han asociado a narcos para cometer sus fechorías y mantener en vilo, en zozobra a sus vecinos y a las mismas autoridades que por férreas acciones, agentes del orden en el cumplimiento de su deber, han perdido la vida, como le sucedió en fecha reciente a uno de sus miembros en la Avenida Elena y 24 calle, zona 3, que culminó con allanamientos, aprehensiones, decomiso de armas de fuego de alto calibre y drogas, en el Barrio El Gallito, que recuerdan la lucha contra grupos opositores al gobierno.
La conformación de las maras ha sido un peligro latente para la autoridad y la población, ya que estos grupos reclutan a menores de edad para asociarse con sus clicas, y en varios de los casos obligados bajo amenazas de matarlos a ellos y sus familias, se les ordenan extorsiones desde las prisiones y quien se resiste es ajusticiado. El gobierno de los Estados Unidos, sabedor cómo funcionan las clicas, en El Salvador, Honduras y Guatemala, los ha identificado como terroristas por sus crímenes atroces y exhortó al gobierno de Guatemala, que les dé esa entidad, lo que el Congreso de la República, recomendó al Ejecutivo, emitir un decreto declarándoles terroristas. Los funcionarios de seguridad manifestaron que no es posible esa identidad, porque la ley no lo permite.
Pidió al Congreso, la aprobación de un presupuesto para el sistema penitenciario, para la construcción de centros carcelarios con todas las reglas de seguridad, evitar el hacinamiento y una modificación a fondo de los códigos penal y procesal penal, para penas más severas contra los delincuentes, especialmente aquellos como Aldo Ochoa Mejía, denominado El Lobo, con alto perfil de criminalidad y que vivió su niñez en los Estados Unidos, recluido en la cárcel Renovación I de Escuintla, donde una jueza, ilegalmente ordenó su traslado a Fraijanes, desde donde ordenaba extorsiones casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina en primer grado de la dirigente de la UNE Sandra Torres, que guarda prisión por varios asesinatos, entre ellos el de la madre de una fiscal del Ministerio Público, que fue ejecutada junto con su guardaespaldas en la zona 9, a inmediaciones del Seguro Social.
El perfil de la sobrina de Torres, la identifica como criminal y debe ser condenada a varios años de cárcel. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez Irungaray y David Custodio Boteo, director policial, han sido claros en decir que su lucha será desarticular las maras y el crimen organizado y demandan de la población su colaboración. Aseguran que tienen identificadas las zonas de la capital y del interior, donde los delincuentes hacen toda clase de fechorías. Demandan la colaboración del Ministerio Público, del Organismo Judicial y de las instituciones bancarias para establecer los depósitos millonarios que hacen los delincuentes que como se dijo, están asociados con narcos y porque no decirlo, hasta con políticos que se han perpetuado en sus curules en el Congreso.
Las maras son un mal social que viene desde hace años e inicialmente como ya se dijo, se conjuntaron inicialmente en los Estados Unidos, desde su niñez, y se trasladaron a Guatemala, para cometer toda clase de fechorías. Varios de ellos han sido condenados a penas que van más allá de los cien años, por los crímenes en masa que han cometido. Es saludable la acción de las fuerzas de seguridad que sus agentes exponiéndose a morir hacen allanamientos y capturas.
Se espera que el Congreso deje, por un lado, las rivalidades con el Ejecutivo y acceda a las peticiones de los funcionarios de seguridad. Que los jueces actúen con plena consciencia de resolver y condenar a los criminales que tienen en vilo a todos los guatemaltecos y cometen crímenes atroces, extorsiones y amasan sumas millonarias por las extorsiones. Se refugian en zonas de prestigio para ocultar su identidad, y tienen copado a todo el país sumergido en esas acciones de estos criminales y delincuentes, sus familiares los apadrinan, para no ser aprehendidos.
