La Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala es el marco legal que regula los procesos electorales y el funcionamiento de las organizaciones políticas en el país, abarca desde la constitución de los partidos políticos y comités cívicos, hasta los derechos y obligaciones de las organizaciones, así como asociaciones de carácter político, y las autoridades electorales y los ciudadanos durante las elecciones. Su objetivo principal es asegurar la organización democrática de los procesos electorales, fortalecer el sistema de partidos políticos y garantizar la participación ciudadana informada y libre.
Aspectos clave de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala:
- Derechos políticos y sufragio: Establece los derechos y deberes relacionados con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, incluyendo el derecho al voto universal, secreto, personal y no delegable.
- Organizaciones políticas: Define y regula las organizaciones políticas (partidos políticos, comités cívicos electorales y asociaciones políticas), estableciendo su libre constitución, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley.
- Proceso electoral: Regula el proceso electoral, incluyendo la organización y ejecución de elecciones para cargos públicos.
- Funciones del Tribunal Supremo Electoral: Establece las funciones de este Tribunal como órgano electoral encargado de administrar y fiscalizar los procesos electorales y el funcionamiento de las organizaciones políticas.
- Derechos y deberes de los partidos: Los partidos políticos tienen la obligación de operar dentro del marco legal, cumplir con los procesos de afiliación y registro, así como de someterse a revisiones y fiscalizaciones.
- Participación ciudadana: Busca fomentar la educación cívico-democrática y la participación activa e informada de los ciudadanos en la vida política y electoral del país.
- Voto en el extranjero: Se instituye el derecho al voto para los ciudadanos guatemaltecos que residen en el extranjero, con el objetivo de participar en la elección de Presidente y Vicepresidente.
La X Legislatura ha sido severamente cuestionada por su inacción, tener entrampada la agenda, sin entrar a conocer las iniciativas de ley, que merecen atención y resolver el distanciamiento que tiene el Ejecutivo con los otros poderes estatales, resignándose el presidente Bernardo Arévalo, que en los próximos meses, ese estira y encoge que tiene con los otros poderes que conforman el Estado, conlleven armonía y confianza para sacar a Guatemala, de la encerrona que ha tenido en los últimos años, dejar por un lado las divergencias políticas, que todo sea en bien del país, que necesita mejorar las vías de comunicación, que la salud, la educación y la seguridad, sean de beneficio para un pueblo que esta urgido de miles de situaciones.
El proceso electoral para elegir a los futuros gobernantes, diputados al Congreso, Parlacen y Corporaciones Municipales, está por iniciarse y es prioridad que el Organismo Legislativo, antes que se convoque al futuro proceso comicial, con responsabilidad abra el proceso para hacer una reforma a fondo de la obsoleta y oscura ley Electoral y de Partidos Políticos, que desde hace años se mantiene estancada en la comisión respectiva y el limbo por la inasistencia de los legisladores al pleno y no se llega a la conclusión de la interpelación del ministro de Salud Joaquín Barnoya, al desintegrarse al quorum, en razón que los diputados distritales en conjunto con los alcaldes, están en precampaña anticipada, para su reelección.
El Tribunal Supremo Electoral, discurre entre luces y sombras y en una agenda detenida, en razón que la presidenta en funciones Blanca Alfaro, no convoca a los suplentes para resolver las acciones de los dirigentes políticos y exigir al Legislativo, que acelere las reformas a la ley, para evitar que antes que se convoque a esos comicios, se promuevan impugnaciones, como ha sido normal, en los procesos electorales.
Alfaro, ha dicho que es imperativo que cuantos antes se entren a conocer las reformas a dicha ley, pero hasta ahora no ha tenido armonía con la comisión, que por ley tiene que hacer las enmienda, cursarlas al pleno, discutirla, y aprobarla sin mayor mora.
Se debe entender que el Tribunal Supremo Electoral es, por ley, la máxima autoridad en esa materia. Hacer lo contrario, que la entidad no tenga “la supremacía” que dice la carta Magna, es violentar el Estado de derecho y la Constitución. El órgano electoral, dista cómo fue conformado, para ajuste de penas, 4 de los magistrados titulares, están encausados, al sindicarlos el Ministerio Público, de serias anomalías en el proceso electoral del año 2023, hasta ahora no han dirimido su situación jurídica, en vista que el proceso se encuentra estancado en los tribunales de primera y segunda instancia.
Es urgente que se haga una cirugía a fondo de la obsoleta ley electoral y de partidos políticos. Se conoce que varios postulantes a la presidencia de la República, al Legislativo y corporaciones ediles, están en campaña anticipada y deben ser sancionados por violentar la Ley Electoral y de partidos Políticos.
El proceso electoral del año 2023, se vio empañado por la injerencia del Ministerio Público, de ciertos sectores, que trataron impedir la toma de posesión del hoy Presidente César Bernardo Arévalo de León, alegando fraude, mediante un auto golpe de Estado, judicializándose el proceso que obligó a la Comunidad Internacional y grupos indígenas, a formular protestas y serios cuestionamientos al aplicar la ley del Crimen Organizado, quitándole la autoridad suprema al Tribunal Supremo Electoral.
En razón de lo enumerado es aconsejable que las reformas que haga el Congreso, a dicha ley, se ratifique que esa entidad es suprema y no debe intervenir otro organismo en un proceso electoral. Los diputados deben estar conscientes de su responsabilidad de legisladores, dejar por un lado los conflictos con el Ejecutivo.
Sería prudente que las reformas a dicha ley, participen como observadores los dirigentes de los partidos políticos, legalmente reconocidos, evitar las fricciones que se dan en los procesos electorales.
El empadronamiento a nivel nacional e internacional, debe hacerse con celeridad para evitar inconvenientes de última hora. Se cree que las autoridades electorales, tendrán serios problemas para conformar las juntas electorales y los que integraran las mesas receptoras de votos, en el último proceso electoral, se encausó por la vía penal, a los que conformaron esas juntas con frívolos e ilegales procedimientos del Ministerio Público y jueces que actuaron con marcado interés político.
Si las reformas se hacen como lo demanda el ente electoral, deben tener divulgación masiva para como conocimiento del electorado y es recomendable que las reformas sean de fondo, no parchadas. Ser más exigentes en la conformación de partidos políticos, que con el correr de los años se tornan empresas mercantiles para vender candidaturas, que se asocian con narcos que son los verdaderos financistas, que piden el anonimato para evitar ser encausados, hechos que, en el pasado, han sido una constante, que lesiona la democracia y el Estado de derecho, en un país eminentemente democrático.
Están aptos para votar más de 15 mil ciudadanos, que exigen transparencia y legitimidad en los procesos electoral, dar confianza al electorado y evitar el abstencionismo que ha sido una constante en los últimos procesos electorales, al no dar confianza los postulantes que son los verdaderos explotadores de un pueblo que necesita de progreso y dignidad.
