El Congreso de Guatemala tiene dos períodos de sesiones ordinarias al año: el primer periodo va del 14 de enero al 15 de mayo de cada año, y el segundo va del 1 de agosto al 30 de noviembre. A estas sesiones ordinarias se suman períodos de sesiones extraordinarias, cuando son convocadas por la Comisión Permanente o el Poder Ejecutivo para tratar asuntos específicos.
En cuanto a los períodos extraordinarios estos pueden ser convocados por la Comisión Permanente del Congreso o por el Organismo Ejecutivo, su propósito es abordar asuntos específicos que requieren atención legislativa fuera del período ordinario.
Con el inicio de la Legislatura comienzan con la realización de los períodos ordinarios de sesiones. En ese momento la Junta Directiva del Congreso se encargada de organizar y conducir de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y se elige anualmente.
Por ello el Congreso de la República, en los últimos años ha desvalorizado el rol que debe tener un representante quien tiene la categoría de dignatario y representa al pueblo que lo eligió en su distrito electoral, quien se debe al pueblo que lo elige en procesos electorales democráticos.
Desafortunadamente los llamados dignatarios de la nación o de los padres de la patria, contravienen esa dignidad y abusan del poder que se les otorgó en las urnas, que obliga a reformar la Carta Magna, evitar la reelección de los representantes que se aferran a sus curules y no cumplen con el mandato que el pueblo les otorgó.
La X Legislatura, ha desvalorizado su función de legislar y aprobar previo dictamen de las comisiones, anteproyectos de ley que cursa el Ejecutivo y otros entes tales, en sed de venganza contra la administración de Bernardo Arévalo, que mantiene desde el inició de su gestión, distanciamiento con los otros organismos que conforman el Estado democrático de Guatemala, que entre luces, sombra discurre la gestión del actual gobernante que demanda que los llamados padres de la patria, se concentren en su labor legislativa, aceleren los proyectos que están estancados en las comisiones, un marcado desgaste para un pueblo que pugna por progresar y dejar las rivalidades politiqueras.
El Organismo Legislativo, está conformado por 160 representantes de los 22 departamentos, que tienen el derecho los legisladores a reelegirse, una tendencia que ha lesionado el quehacer de un pueblo que necesita que el país se desarrolle y salga de ese marasmo en que por años lo tiene secuestrado la política cimarrona, en detrimento de lo que necesita el pueblo y una nación que conlleve pujanza y progreso, en bien de todos los que vivimos en esta querida nación.
Ha sido imposible que, en las últimas semanas al reanudarse el segundo período legislativo, se aprueben leyes y se resuelvan problemas de fondo. El presidente del Legislativo represente del distrito de Jutiapa del Partido Cabal, Nery Ramos, acusa a los diputados de bloquear su gestión y no logra integrar el quórum para la interpelación del ministro de Salud, José Barnoya. Legisladores aducen con razón que los diputados no se presentan al pleno, están en sus distritos, haciendo campaña para su reelección en unión de los alcaldes que por años se han mantenido aferrados a la vara edilicia, siendo esto una clara y flagrante violación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que claramente norma que las campañas políticas anticipadas violentan la ley. Esos congresistas trasgreden y violan las normas que regulan los procesos comiciales. Deben dar ejemplo de que las leyes deben respetarse, quien las quebrante debe ser sancionado.
Los representantes que no asisten al pleno aducen que están en el interior, haciendo “supuestas” fiscalizaciones, han descubierto fondos de corrupción en los entes estatales. Siendo esto, falaz y vergonzoso que obliga de oficio a las autoridades electorales, formular las denuncias en las instancias respectivas, prohibir a los violadores que están infringiendo las leyes de la materia. Un hecho imposible, debido al marcado desgaste que tiene el TSE. conformado por un magistrado titular y suplentes, por el encausamiento y proceso penal estancado de 4 titulares de ese órgano.
Se insta a los diputados que cumplan con su labor legislativa, el mandato que el pueblo depositó en bien del país. Tener vergüenza y dignidad, ser efectivamente representantes del pueblo, que lucha y pugna por una Guatemala, diferente, de progreso, dejar por un lado las diferencias políticas en razón que el pueblo les paga un salario que se autorrecetaron, que vienen devengando ilegalmente desde febrero pasado, en pago a la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación del presente ejercicio fiscal. Tener empantanada la agenda legislativa, deviene de ser antidemocrática y lesiona la economía y de alguna manera la democracia que entre luces y sombras discurre con serios inconvenientes por la irresponsabilidad -en parte-, de los mal llamados padres de la patria, que deben ser declarados indignos, por el sucio papel que juegan ante la alta representación nacional.
