La CORRUPCIÓN es el abuso del poder o de la confianza para beneficio propio o de un grupo determinado, que se manifiesta por medio de acciones deshonestas y fraudulentas, traducidas en el soborno y malversación, y que va en detrimento del interés colectivo. La corrupción ocurre pues cuando no hay controles y existen las oportunidades de hacerse con su interés particular, socavando la confianza en las instituciones de carácter público, lo que debilita la democracia y obstaculiza el desarrollo económico, volviendo clientelar al sistema político y sus instituciones.
Dentro de los elementos claves de la corrupción está el ABUSO DE PODER O DE CONFIANZA: la que se define cuándo alguien utiliza una posición de autoridad o una relación de confianza para obtener una ventaja personal que retribuye un bien económico o de poder. BENEFICIO PARTICULAR: El acto se realiza en beneficio de un individuo u organización, no del bien común. ACCIONES DESHONESTAS O FRAUDULENTAS: Incluye sobornos, extorsión, malversación de fondos y manipulación de licitaciones, entre otras. DETERIORO DEL INTERÉS PÚBLICO: La corrupción perjudica a la sociedad al distorsionar el servicio público, la ley y el bienestar general.
En todos los entes del Estado por años se han enfrentado a grandes perfiles de intentar combatir la corrupción, una epidemia que vincula a funcionarios de alto y bajo perfil, que se asocian con grupos criminales y políticos para obtener beneficios económicos millonarios. La inacción y tolerancia del Ministerio Público, del Organismo Judicial, es otro factor que impide demoler esta muralla de impunidad, lesionado a personas de bajos recursos que acuden a los hospitales y centros de salud, para curar sus males, se les niega su ingreso, a falta de recursos económicos, una situación que por años en todos los regímenes ha perjudicado a la población de bajos ingresos.
Hay ministerios que por su naturaleza son atrapados por la corrupción, así como también afecta al sector privado y empresarial cuándo estos últimos cumplen con el pago de impuestos y los contrabandistas no. Dentro del sector público se puede mencionar a Salud Pública, Comunicaciones, Vivienda e Infraestructura entre otros. Ha salido a luz la denuncia de la millonaria corrupción en Salud, que pasa de los 16 millones de quetzales, se trató de gastos relacionados con las mejoras y otros servicios que se pagaron y no fueron ejecutados. Se evadió el proceso de cotización y licitación, con compras que se pagaron, siendo esto ilegal, se pide al Ministerio Público y los tribunales, que se procedan con arreglo a la ley e investigar y condenar a los responsables, deducirles responsabilidades penales, civiles y devuelvan el dinero mal habido en perjuicio del Estado y de los guatemaltecos por estas acciones inhumanas e ilegales.
En el caso del Ministerio de Comunicaciones es el mejor ejemplo de una la ley de compras y contrataciones en la cual impide las licitaciones y obstaculizan las ejecuciones mediante la judicialización de los procesos. Agregado a esta corrupción, los robos de medicamentos, donde incrimina a empleados que subrepticiamente extraen medicamentos, acciones ilegales que se han denunciado en varios centros hospitalarios del interior del país.
Los funcionarios que revelaron la corrupción en la cartera salubrista, coincidieron en decir que en la administración de Arévalo, se han detectado actos de corrupción en varias entidades estatales del régimen pasado, lamentándose que casos han sido desestimados por el Ministerio Público, hace caso omiso de las denuncias, pese que las pruebas son contestes y merecen ser investigadas, los tribunales procedan con arreglo a derecho a encausar y sancionar a los responsables de estas acciones ilícitas, condenando a los imputados a varios años de prisión, congelar sus cuentas bancarias, obligarlos a resarcir los fondos que ilegalmente se robaron en perjuicio para miles de connacionales que acuden a los centros hospitalarios en auxilio para sobrevivir.
El gobierno de Alejandro Giammattei, no se salva de las denuncias que públicamente han articulado varios sectores, es deleznable que tenga la protección de la Fiscal General María Consuelo Porras, que desestima de las acciones que se han promovido en su contra en “pago” por haber sido el exmandatario, -diputado del Parlacen- ,quien la nombró para un segundo período en el ente investigador, en pago a esa “designación”, la funcionaria no le da curso a las denuncias contra el ex citado mandatario que se vincula de negocios ilícitos a su “pareja sentimental” Miguel Martínez, un oscuro personaje que de la noche a la mañana, un potentado terrateniente que a igual que otros personajes de la vida nacional, tienen vedado el ingreso a países extranjeros con fondos pignorados.
La corrupción en el Ministerio de Salud Pública no es nueva a igual que en otras dependencias estatales, como el Micivi, donde contratistas del sector privado se confabulan con diputados, alcaldes, para hacer negocios ilícitos y no cumplen con reparar la red vial, más recurrente en todos los gobiernos, vinculándose a alcaldes, diputados funcionarios y empleados de confianza que se asocian con esos grupos para hacer negocios ilegales mediante argucias que con el correr del tiempo.
Por esa razón, se exige al Ministerio Público, que la fiscal general y los funcionarios de su confianza, formulen las denuncias en los tribunales para accionar contra los imputados. Se espera que los meses que le quedan a la jefe de esa entidad, deje por un lado el distanciamiento que ha tenido con el gobierno de Arévalo, rechace aquellos hechos que tienen tinte político, demuestre que el cargo que tiene es, por imperio legal, cumplir con la norma constitucional, proceda con apego a derecho contra aquellos corruptos de los regímenes pasados. El Organismo Judicial, se ajuste lo que dice la ley, cumpla con darle trámite a las querellas por corrupción de los regímenes pasados.
