En Guatemala, existen 23 centros penitenciarios bajo la supervisión de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Estos centros se dividen en dos categorías: centros de detención preventiva y centros de cumplimiento de condena.
La mayoría de los centros están ubicados en áreas urbanas y algunos son conocidos por su alta tasa de hacinamiento. Entre los centros más grandes y con mayor población se encuentran: Centro de Detención Preventiva para Hombres, Zona 18: Este centro alberga una gran proporción de la población masculina, Granja Modelo de Rehabilitación Pavón Fraijanes: Otra de las cárceles con mayor población masculina; Granja Modelo de Rehabilitación Canadá: También es uno de los centros con mayor número de reclusos hombres; Centro Preventivo para Mujeres, Santa Teresa: Este centro alberga la mayor parte de la población femenina. Además de estos centros, existen otros como la Penitenciaría Central de Guatemala, que es uno de los centros más antiguos y emblemáticos del país, y otros centros de detención preventiva para mujeres y hombres en diferentes zonas, ahora también se encuentra el centro de detención Mariscal Zabala, que dicho sea de paso es centro de detención VIP de los privados de libertad.
El decreto 33-2006 tiene como norma clasificar los centros de detención como centros de detención preventiva, para hombres y mujeres, centros de condenas de máxima seguridad. En el Sistema Penitenciario, debería aplicarse el derecho penitenciario especializado, con el objeto de dar fundamento legal a su organización y funcionamiento. En la práctica y en la realidad, hasta ahora ningún gobierno, ha tenido éxito, por la manifiesta incapacidad de los directores de los centros carcelarios, en razón que los líderes de los centros son los que, de hecho, mantienen el control de los presidios, mediante sobornos a los recluidos y de los grupos de privados de libertad, sobornando a los internos que no acceden a sus requerimientos, la situación de los centros de rehabilitación se agravó hace pocos días cuando 14 guardias penitenciarios, fueron tomados como rehenes en dos cárceles, a quien le tomaron un video y leyeron un mensaje con exigencias de los reos, dirigido al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, catorce guardias en el que piden que reubique en cárceles distintas a los integrantes de pandillas rivales, para evitar enfrentamientos y nuevos motines, en un claro pulso de los internos con las autoridades para ver quién tiene el control de las cárceles. La superpoblación carcelaria derivado de la captura de integrantes de las famosas maras, es otro factor que por años ha sido la punta de lanza para que los internos que son condenados a varios años de prisión, realmente controlen a los reos, especialmente los de primer ingreso, situación que hasta ahora las autoridades del sistema carcelario no han podido evitar, por su incapacidad y el soborno dinerario de varios miles, un hecho común que de alguna manera es tolerado y consentido por las autoridades superiores.
Los guardias del sistema, para ser dados de alta, no tienen el perfil para evitar los vicios del pasado y es urgente que el gobierno de Bernardo Arévalo, antes de entregar el cargo, revolucione el sistema carcelario, promoviendo una reforma a fondo de la ley, que por años no ha sido modificada, esa situación es a no dudar, según expertos y ex directores del Sistema carcelario, aconsejan, se construyan centros nuevos y no remodelaciones como el denominado Renovación l, de Escuintla, que al ser inaugurado se aseguró que sería diferente, pero la sorpresa fue mayúscula cuando diez reos de alto perfil criminal, al hacerse una requisa supuestamente sorpresiva, el delincuente salió de su celda y en presencia de los agentes comisionados para la operación, lanzó al suelo un fajo de billetes de varias denominaciones de varios miles.
Esto viene a demostrar no solo el bajo control de los reclusorios, sin la asociación y combinación con los guardias, incidente que dio lugar a la remoción del director del centro, que debe ser investigado y deducirle responsabilidades civiles y penales. Con frecuencia las autoridades policiacas y del sistema carcelario, realizan requisas con el objeto de despojar a los internos de sus pertenencias, se detecta que los reos usan móviles, consumen droga, manejan cuantiosas cantidades de dinero producto de las extorsiones.
Se ha recomendado que los directores de los 23 centros que controla el Sistema Penitenciario, reciban cursos de derechos humanos y penales, tener una hoja de vida de honradez. Toda vez esas situaciones no tengan un cambio de fondo, la corrupción en el Sistema Penitenciario sería igual, es urgente que los nuevos centros que va a construir este gobierno, no sean simples remodelaciones, edificios nuevos con controles modernos, evitar la visita de familiares y ciertos personajes que en el exterior de los centros, también son beneficiados con el soborno y extorsiones de las clínicas que dirigen los líderes privados de libertad.
Se ha dicho a veces, tener el modelo del presidente salvadoreño, que tiene confinados a miles de criminales a quienes no se les permiten privilegios, pero eso es imposible porque el gobernante cuscatleco, para realizar esas operaciones que violan los derechos humanos, ha restringido las garantías constitucionales.
Arévalo, tiene planes y proyectos para modernizar el sistema carcelario, pero está con las manos amarradas, al no tener colaboración de los organismos del Estado, especialmente del Ministerio Público, que al frente María Consuelo Porras Argueta, le bloquea lo que el mandatario desea realizar y otro grave problema es, la falta de recursos. Para que efectivamente cambie el deteriorado y corrupto Sistema Penitenciario, debe haber armonía en los poderes del Estado, especialmente el Judicial, que resuelve y actúa con fines políticos y espurios y con el consentimiento y tolerancia de la jefe del MP. que mantiene un marcado distanciamiento con el Ejecutivo será hasta mayo del año que viene, cuando se nombre a un nuevo funcionario de esa entidad que las cosas podrían cambiar, pero debe haber armonía en todos los entes estatales para bien del país y de todos los que nacimos en la tierra del Quetzal y la Monja Blanca.