En Guatemala hay Tribunales y Cortes que se rigen por leyes especiales o constitucionales, y que dentro de esa normativa encontramos al Tribunal Supremo Electoral, que se rige por una ley de rango constitucional y el Tribunal que tiene a su cargo el proceso electoral, y su supremacía le regula como el único ente de regir el ente superior en esa materia, es de decir que tiene una competencia y jurisdicción determinada en la Legislación, y siendo que tiene rango constitucional, el respeto de esa competencia y jurisdicción deviene como uno de los pilares de la democracia.
El Tribunal Supremo Electoral fue creado para darle credibilidad al proceso electoral y no permitir dentro del proceso electoral anomalías o fraude en el mismo, y dicho proceso en materia electoral debe de respetarse y no violentarse, y siendo este el único que debe de conocer por ley, en base a la su jurisdicción y competencia.
En años reciente antes de que terminara el proceso electoral pasado, su competencia y jurisdicción, se vio violentada en la intromisión del Ministerio Público y conocimiento de un juzgado de orden penal en materia electoral. En el ámbito legal, la jurisdicción se refiere a la potestad que tienen los jueces para administrar justicia, es decir, la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y la competencia se refiere a la facultad específica de un tribunal para conocer de un determinado asunto, dentro del ámbito general de la jurisdicción. En otras palabras, la jurisdicción es el poder general de juzgar, mientras que la competencia es la forma de administrar justicia de una norma determinada.
Esta grave acción de involucrar la competencia del Tribunal Supremo Electoral a un juzgado de orden penal, es un hecho claro y flagrante de violación a lo que regula la Carta Magna que le da la potestad de ser suprema en esa materia. En el pasado proceso electoral, el evento se judicializó, intentando el Ministerio Público, aplicar la ley del Crimen Organizado, que se calificó como un “auto de golpe de Estado” para beneficiar a grupos perdedores del régimen anterior.
De esa cuenta cuatro magistrados titulares fueron separados de sus cargos, y enfrentan procesos judiciales, los que no han llegado a su culminación al imputarles hechos que los magistrados en su calidad de sindicados niegan, asegurando que todo es producto de venganzas políticas. De esa cuenta, la magistrada titular Blanca Alfaro, quién ocupa la Presidencia de ese organismo, obligó que los suplentes se incorporaran al tribunal. Al inicio de ese conflicto, originó desavenencias con Alfaro, recurriéndose a instancias judiciales para resolver la controversia, siendo que los meses han transcurrido, aún persisten las controversias con los suplentes.
Alfaro, en su gestión ha sido sindicada de hechos ilícitos y ahora está por enfrentar un cuarto antejuicio que le promueve la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que dirige el célebre nuevo genio del derecho penal guatemalteco Rafael Curruchiche, sindicando a la funcionaria de haber nombrado sin el consentimiento de los suplentes a 340 registradores auxiliares para adherirse al trabajo que hacen los titulares en igual número de municipios, en clara alusión judicial de este divertido personaje contra la magistrada.
“El jurisconsulto” fiscal acusa a Alfaro de violar la ley para hacer dichos nombramientos, debiendo dice el ex árbitro de fútbol nacional, que debía tener el consentimiento del pleno y lo hizo a título personal, por la ausencia de los magistrados separados y procesados, entre ellos Gabriel Aguilera Bolaños, a quien le correspondía la presidencia, en el último período de cinco años que indica la ley.
Alfaro, niega los señalamientos que le podría imputar el Ministerio Público y su genial estrella fiscal, y es respaldada por uno de los sindicatos mayoritarios, lo que viene a dar otro conflicto más en ese cuestionado organismo que en su gestión ha estado en el ojo del huracán y en la mira del Ministerio Público, por el encausamiento y proceso no concluido de los titulares Mynor Custodio Franco, Patricia Orellana, Ranulfo Rafaél Rojas Cetina y Aguilera Bolaños.
A Alfaro, el Ministerio Público, le imputa entre otros delitos, usurpación de funciones, para haber esos nombramientos de los auxiliares, debió tener la autorización del pleno, pero los suplentes por conflictos de liderazgo con la relacionada funcionaria, se negaban a incorporarse al Tribunal.
Alfaro, llegó a esa magistratura por el parentesco político que tenía con su cuñado César Fajardo, que en el momento de su elección era directivo del Congreso de la República, la togada antes de ser elegida para esa plaza, fue dos veces alcalde de Masagua, Escuintla, siendo nacida en un municipio de Jutiapa; su elección como las de sus compañeros fue política, por haber sido candidata vicepresidencial en la planilla de quien fue alcalde de Villa Nueva, Guatemala y ocupó ese exfuncionario, la presidencia de la ANAM.
En los próximos días el Tribunal Supremo Electoral, estará en el ojo del huracán y de los partidos políticos que postularán candidatos para puestos de elección popular para las elecciones del 2027, se debe seleccionar, y elegir a los mejores, que la entidad de reivindique, pero es difícil, seleccionar y elegir a abogados probos, como Arturo Herbruger Asturuias, ex vicepresidente de la República y a los amigos ya fallecidos, Félix Castillo Milla, Mario Roberto Guerra Roldán, entre otros distinguidos togados que fueron piezas clave en los anteriores procesos electorales, la ciudadanía y los políticos de la época, dan fe de su imparcialidad, capacidad y de su intachable honradez.
