Se conceptualiza a la Justicia como el valor de dar a cada uno lo que le corresponde, es según los principios de la honestidad, la equidad y la razón, refiere pues en esencia, a la cualidad moral de corresponder a valores y principios humanos, actuando con equidad y rectitud. Implica pues la virtud de obrar conforme a la razón y la ley, buscando el bien común y respetando los derechos de los demás.
En un contexto social, la justicia se manifiesta en la distribución equitativa de bienes y oportunidades, así como en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, recociendo claro está las garantías de todas las personas dentro de un estado de derecho.
Podemos decir que la naturaleza jurídica de las garantías constitucionales es la libertad de toda persona humana, la que debe garantizarse y respetarse conforme a los límites de las normas y en el ejerciendo del poder público mediante ordenamientos jurídicos que deben ser aplicados a toda ley ordinaria. No hay que olvidar que las garantías o principios de garantías constitucionales están los de igualdad ante la ley, derecho de defensa, principio de inocencia y los principios de legalidad.
En ese sentido el Ministerio Público y el Organismo Judicial como los tribunales y Cortes de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y otros entes que administran justicia, deben actuar conforme a lo que norma la Constitución de la República, leyes ordinarias, normativas y reglamentos, ser fieles cumplidores de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por tanto, la normativa debe de interpretarse conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras y a su contexto de acuerdo con las disposiciones constitucionales, y jamás a la forma antojadiza que algunos jueces de orden penal, magistrados de salas, y de la Corte de Constitucionalidad lo vienen haciendo.
En febrero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, promovió proceso de grandes alcances contra los ex directivos del Instituto Nacional de Electrificación, entre ellos, Melvin Quijivix Vega, al imputarles varios delitos. El relacionado ex presidente de esa entidad, fue apresado y pende resolver su situación jurídica de acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- a cargo de su estrella consumada Rafael Curruchiche ahora convertido en influencer en redes sociales, rayando con ello la ridiculez.
En esas denuncias se han incriminaron hechos contra el ex presidente Alejandro Giammattei, por complicidad al haber autorizado que Quijivix Vega ocupará también un cargo en SEGEPLAN, institución a la que nunca se presentó a trabajar, y por el cual devengó un salario. El colmo de la desfachatez es cuando Quijivix Vega, se presentó a dicha institución a reclamar el pago de una indemnización y no supo indicar dónde estaba ubicada su oficina, que herramientas laborales tenía a su cargo, y cual era su función por la cual fue contratado.
Se pidió a la Corte Suprema de Justicia, se abriera una investigación contra el ex gobernante, por su calidad de diputado del Parlacen, en la que se debe de determinar si ha lugar a formación de causa, y despojarlo de la inmunidad que goza. Los meses han transcurrido y los magistrados del máximo tribunal de Justicia, por razones políticas, tienen en estudio la petición contra el ex funcionario, que ha sido calificado como uno de los ex mandatarios más corruptos de la historia, disputándose el premio con los últimos ex mandatario.
A nivel nacional e internacional, se han hecho graves denuncias contra el Ministerio Público y sus funcionarios, por su marcado interés de investigar y resolver de acuerdo a conveniencias e intereses políticos y económicos.
La comunidad internacional ha sido drástica en los señalamientos contra los funcionarios de esos organismos e incluso a jueces, magistrados de juzgados, salas y cotes, de cumplir con una justicia selectiva y respondiendo a agendas de sectores inmiscuidos en corrupción, además de no resolver de acuerdo a derecho y engavetar los expedientes para favorecer y perjudicar a las partes.
En este caso el ex mandatario Giammattei y su pareja o expareja sentimental, han sido favorecidos con iniciarle formal proceso, cabe recordar que Quijivix Vega, formó parte del Centro de Gobierno que tenía a su cargo Miguel Martínez. Este señor Quijivix Vega era un claro personaje que gozaba de la confianza de la expareja presidencial, a quien nombraron en un cargo público sin tener experiencia profesional.
Si la justicia efectivamente es imparcial y apegada a la carta magna, debe actuar y resolver de acuerdo con la ley, no en contrario. El ex presidente Otto Pérez Molina, para poder otro ejemplo, fue favorecido por los tribunales resolvieron devolviéndole una finca ubicada en el Departamento de Chimaltenango, y reintegrarle una fabulosa cantidad de dinero inmovilizada, sin olvidar a su ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
Si efectivamente Guatemala, es país democrático, los funcionarios de investigación y operadores de justicia en todas las áreas, deben actuar con normas de claridad, lo que regula la Constitución, rechazar consignas políticas e ilegales, ser verdaderos pilares de la democracia en un estado de derecho, no actuar ilícitamente denunciando y encausando a quienes se consideran adversarios de los que hoy dirigen las instituciones del Estado. Si hay pruebas de la corrupción que apadrino Giammattei en Segeplan y el Inde, debe ser sometido a proceso y resolver su situación en los órganos de justicia, insistimos deben ser imparciales y garantes de un verdadero estado de derecho.
Resolver en contrario deviene de no ser leales y violadores del juramento que hicieron a tomar posesión, deben dar muestras que el país se debe reivindicar a nivel nacional e internacional y borrarlo de la lista negra donde están los funcionarios que tienen vedado el derecho de visitar, vivir, sus bienes están confiscados por corruptos y ladrones de cuello blanco.
