En el pasado proceso electoral, a varios aspirantes a puestos de elección popular dentro de los cuales destacan candidatos a presidentes y a diputados, se les inhabilitó con el frívolo argumento que antes que se publicitara el decreto de convocatoria, se habían “anticipado” a promover su imagen, y que no habían cumplido con la Ley Electoral y de Partidos Políticos en cuánto a las asambleas generales y departamentales, así como que no era persona de reconocida honorabilidad, situación que los agraviados consideraron que se vulneraban sus derechos constitucionales de expresión, lo que dio origen a lanzar duras y agresivas imputaciones a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, acciones que en última instancia fueron resueltas por los órganos de justicia que avalaron las resoluciones del ente electoral.
Ahora que estamos a las puertas de un nuevo evento electoral para elegir puestos de elección popular, se ha originado polémica con respecto a las personas que aspiran a postularse a cargos públicos y han solicitado al ente electoral, que aclare antes de que se abra oficialmente las elecciones generales para elegir a los funcionarios que en los próximos años tendrán que conducir varias entidades del Estado y que llegarán a esos cargos por el voto popular de los guatemaltecos.
Los aspirantes que pugnan por tener el voto del ciudadano guatemalteco se han reunido con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y funcionarios de ese organismo, que tendrán la obligación de dirigir el futuro proceso electoral, demandado los postulantes, se aclare qué es la libre emisión del pensamiento que está regulada en el artículo 35 de la Carta Magna y qué se tipifica como “campaña anticipada” para no tropezar como ocurrió en el pasado evento electoral del 2023, en el que se les vedó el derecho a varios aspirantes al Ejecutivo, al Congreso, y corporaciones edilicias, con la imputación que antes de la convocatoria oficial para esas comisiones, habían proyectado su imagen en medios de prensa.
Analistas políticos y los futuros postulantes a puestos de elección, han demandado a los funcionarios y a los diputados que, de la comisión respectiva del Congreso, hacer una reforma a fondo de la obsoleta e inoperante Ley Electoral y de Partidos Políticos y que se regule de manera clara sin interpretaciones políticas y erróneas, cómo debe interpretarse la Ley de Emisión del Pensamiento y qué es una campaña anticipada.
Se pide claridad sobre esos dos cuestionamientos. Pero hasta ahora no hay consenso para armonizar en ambos temas.
La Ley Electoral en ese aspecto no está clara, debido a que las personas que aspiran a ser electas al momento de violentar esas disposiciones en materia electoral, se hacen acreedoras a una sanción pecuniaria de varios miles de quetzales y se les inhabilita ilegalmente a participar en un proceso electoral. La ley que regula el evento electoral, da funciones al inspector electoral de dicho ente: a velar el estricto cumplimiento de la presente ley de sus disposiciones y reglamentos y otras obligaciones.
En general para los partidos políticos y postulantes a puesto de elección, tales preceptos no están claros y se viola lo que indica el artículo mencionado de la Ley de Emisión del Pensamiento que es de rango constitucional. Es aconsejable que los funcionarios electorales y la comisión del Legislativo lleguen a una solución de fondo en torno a ambos temas, y antes que se convoque en los próximos días, el decreto de convocatoria para el futuro proceso electoral, se aclaren esos cuestionados temas, evitar que, en los comicios próximos, sustancien las dudas en órganos que no son competentes en materia electoral. Se ha dicho que es una clara violación a la libre expresión del pensamiento. Para nosotros es aconsejable que los aspirantes a puestos públicos den a conocer sus programas de gobierno qué le ofrecen al pueblo de ganar un proceso electoral.
Anticipadamente se anuncian que las elecciones próximas serán severamente cuestionadas. Hay ciertos sujetos del sector privado y narcotráfico, que han entregado sumas elevadas de dinero a los futuros aspirantes a puestos públicos, para tener ventajas de todo tipo, como ha sido desafortunadamente en todo evento electoral y, se espera que las elecciones futuras, sean transparentes, dar confianza al elector que, hasta ahora, está indeciso si irá a las urnas por los problemas del pasado evento electoral, que aún son sustanciados en el Ministerio Público y en los tribunales con jueces y magistrados corruptos.
