El artículo primero de la Constitución de la República regula que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia…” y debe por obligación legal, utilizar todas las organizaciones públicas y privadas sin excepción. Desafortunadamente esas normas y esos preceptos constitucionales, no siempre cumplen con la garantía constitucional en razón que los grupos armados, clicas de los delincuenciales, le ganan la “partida” a las fuerzas de seguridad, eso en razón de que tienen factor sorpresa, además de contar con huestes políticas que les dan impunidad y libre acceso a delinquir con lo que cometen fechorías, crímenes atroces y mafias de narcotráfico, extorciones y robos directos a la ciudadanía en general, que dejan a familias desintegradas.
En ese sentido la ola de violencia en general después de la pandemia y el crecimiento de la población además de la falta de acceso al trabajo y vivienda, sin olvidar que en Guatemala existen muchos hogares desintegrados que han orillado a la juventud a incorporarse en los grupos de pandillas en especial en áreas populares y en el interior del país. Cabe resaltar que en el Gobierno de Arévalo se ha cosechado toda la falta de programas en la incorporación del trabajo a jóvenes y accesos a la vivienda como el alto coste de la vida, además de la campante corrupción por un Estado clientelar y coaptado por las mafias en especial el aparato judicial que van desde la Coste Suprema de Justicia, el Organismo Judicial, El Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad.
Empero este gobierno heredó una pacaya como lo dice el argot popular bastante grande, pero no le quita ni lo deslinda de su responsabilidad, lo que hace que el Ministro de Gobernación y la Policía Nacional Civil deben triplicar los esfuerzos en dar seguridad a la población, y cuándo esta es efectiva el Ministerio Público y el Organismo Judicial fallan.
El Estado debe de cambiar su protocolo de seguridad y reformar la acción preventiva y correctiva de seguridad, el Gobierno central debe en todo caso tener acceso a las cámaras de la Municipalidad de Guatemala por medio un convenio, o agenciarse de propias, debe de involucrarse a la población en un programa de seguridad ciudadana donde el vecino y ciudadano participen en los protocolos de seguridad, y cambiar a fondo de los códigos procesal penal y penal, para imponer penas severas a los delincuentes y reorganizar el Sistema Penitenciario con cárceles más seguras y celdas individuales por razón del delito cometido, dotando de un perfil determinado al sistema de contratación del personal penitenciario capacitado, para evitar coimas y la asociación de los guardias de presidios que colaboran con los internos.
Hasta ahora el gobierno de Bernardo Arévalo, no ha logrado romper la ola delincuencial y debe ser menester del Ministro de Gobernación el de cambiar los protocolos de seguridad. Si bien es cierto que en los allanamientos y aprehensiones se logra romper las líneas de los líderes de las maras Salvatrucha, Barrio 18 y otros antisociales, los delincuentes desoyen las ordenanzas de las fuerzas de seguridad, que muchas veces se asocian con narcotraficantes y el crimen organizado para cometer toda clase de hechos de sangre, y asesinan a maras rivales para recuperar el territorio perdido.
El ministro de Gobernación Francisco Jiménez Irungaray, no es un desconocido en el ramo del Mingob. En el pasado ocupó esa plaza, pero sus proyectos para minimizar que la delincuencia se alce con crímenes atroces no ha logrado romper las acciones criminales de hechos de sangre que ocurren a diario en todo el país. Si bien es cierto que el Ministerio Público, hace allanamientos asociados con la Policía Nacional, se hallan armados de fuego, móviles y dinero en efectivo producto de los robos y las transacciones que hacen los delincuentes, la situación no cambia.
En el pasado zonas de prestigio de la capital, estaban exentas de la delincuencia. Pero ahora los criminales cometen asaltos, robos, despojan a los conductores de sus pertenencias y los que se oponen hacen uso de la fuerza y matan a sus víctimas. Las extorsiones de todo tipo ocurren a diario y los delincuentes utilizan a menores para sus fechorías y es urgente que haya una reorganización a fondo en las fuerzas de seguridad y reducir las plazas de los cinco viceministros de ese despacho, burocracia que no tiene razón de existir, pues el salario que devengan esos funcionarios debe ser trasladado a otras instituciones y crear más plazas de agentes de seguridad.
La incapacidad de los agentes del orden es débil. 10 meses tienen de instrucción los nuevos agentes, pero pareciera que no logran profesionalizarse en esa materia, es aconsejable que se cambien los métodos de instrucción y que los nuevos agentes cumplan con su función, comisarios, subalternos se ven involucrados en hechos ilícitos.
Arévalo, ha dicho que en su administración se construirán nuevos centros de reclusión. Está funcionando: Generación I, en Escuintla, que a decir del mandatario se ha logrado evitar las talachas, el ingreso de armas de fuego, drogas, bebidas embriagantes e ilícitos prohibidos.
Para lograr los objetivos que pugna el mandatario se necesita erogar varios millones. Y realmente es difícil terminar con la delincuencia organizada, que por años ha sido un reto de todos los gobiernos, pero se espera que, al hacer una reorganización a fondo de la cabeza de las fuerzas de seguridad, se logre el objetivo que todo honrado desea. Esto de alguna manera es difícil de cumplirse por los compromisos de amistad, compadrazgos y favores políticos que se ve en los gobiernos.
Todos deseamos seguridad, que el país sea efectivamente de la eterna primavera, sin muertes, sin delincuentes, pero esto es difícil que se cumpla, porque los delincuentes hacen de la suyas muchas veces con la complacencia y tolerancia de algunas autoridades.
