La democracia tiene sus altos y bajos. En los últimos años, se ha abusado de esa democracia al promover procesos penales por el Ministerio Público, que se ha aliado con grupos corruptos para tratar de invalidar las elecciones del 2023 e impedir el ascenso al poder a los ciudadanos que eligió el pueblo en un evento monitoreado por la población y organismos internacionales. Se avecina otro proceso electoral y ahora tiene la responsabilidad el Tribunal Supremo Electoral, de hacer una evaluación a fondo con imparcialidad e idoneidad, evitar la proliferación de Partidos Políticos que a decir de la magistrada en funciones de ese organismo, llegan casi a 40 en una población sufragante que podría pasar de los 10 millones de electores.
En el proceso electoral del 2023 más de 25 partidos postularon candidatos a puestos de elección popular y esa proliferación confundió de alguna manera al electorado, por lo que es aconsejable que el órgano electoral, haga el mayor acercamiento con la comisión respectiva del Congreso, hacer una reforma agresiva a la obsoleta ley electoral y de partidos políticos y se efectúe una depuración a fondo de las organizaciones políticas, como se ha dicho en otros espacios, esas entidades son empresas mercantiles sin ideología definida.
Es del dominio público, que los dirigentes de esas entidades, venden a precios elevados los puestos de elección y eso los hace millonarios. El órgano electoral, debe velar por los procesos electorales, para inspirar confianza en el elector. Esa entidad debe exigir a los postulantes a puestos de elección popular solvencia económica, evitar el financiamiento ilícito de los partidos y demandar la colaboración de la Super Intendencia de Bancos, sobre las transacciones ilegales que hacen los operadores políticos y sus financistas que piden el anonimato de los millones que otorgan a los dirigentes de los partidos para tener preferencia en puestos de elección popular y concesiones de varios tipos. Demandar de la Contraloría General de Cuentas, autorías y denunciar a los lavadores de dinero que obtienen concesiones en instituciones estatales por la compra de votos y otras situaciones abiertamente ilegales.
No es razonable que en Guatemala en una democracia de sobresaltos y sombras, haya una proliferación de instituciones de derecho público, que se venden al mejor postor, aprovechándose de la inocencia de millones de ciudadanos, especialmente del área rural que por bajos conocimientos, son atrapados por dirigentes corruptos que como los diputados, se venden al mejor postor.
