Es aconsejable que el Tribunal Supremo Electoral, armonice con la comisión del Congreso, para hacer una reforma a fondo de la obsoleta Ley Electoral y de Partidos Políticos y evitar la proliferación de partidos políticos que es un desgaste que genera desconfianza en la población y es el cucu de la corrupción, la reforma conlleva malestar y gastos millonarios en un evento electoral y a decir de la presidenta en funciones del ente electoral, es conveniente dividir las elecciones municipales con los comicios presidenciales, de diputados al Organismo Legislativo y al Parlacen.
La presidenta en funciones del ente electoral Blanca Alfaro, asegura que, en el futuro proceso electoral, podrían participar cerca de 40 partidos políticos y ello da lugar que las papeletas electorales confundan al electorado y en razón a ello recomienda que para ese evento se dividan las elecciones municipales, las presidenciales y diputados, poniendo como razón que las papeletas para ese proceso, serán de gran dimensión y ello confundiría al elector.
Sin embargo, creemos que no es razonable la idea de la funcionaria electoral, porque originaría un abstencionismo en las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y al Parlacen, en razón que en el interior el vecino, le interesa elegir al alcalde y el resto del Concejo, por tener mayor interés quien es el jefe edilicio, que de primera mano le resuelve sus problemas por tener mayor proximidad, más no le interesa quién es el presidente, si el diputado de su distrito, tiene mayor presencia en su comunidad.
Es urgente que la Comisión de Asuntos electorales del Congreso, armonice con los funcionarios electorales, para hacer una reforma a fondo a la obsoleta Ley Electoral y de Partidos Políticos y evitar la proliferación de instituciones de derecho público, que se han constituido en los últimos años, sin ideología definida y lo preocupante el coste millonario que tendría que hacer esa división por lo que se sugiere que el proceso se realice tal como está normado en la ley de materia que es de rango constitucional y la reforma que pretende la funcionaria, tendría que curarse de aprobarse, pedir la opinión de la Corte de Constitucionalidad o bien hacer una consulta popular que tendría un coste elevado.
Como es del dominio público, el Tribunal Supremo Electoral, desde hace varios meses funciona atípicamente por el encausamiento y separación de esa entidad de cuatro magistrados titulares: Mynor Custodio Franco Chacón, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Elizabeth Palencia Orellana y Vladimir Gabriel Aguilera Bolaños, a quienes el Ministerio Público y Jueces imputan acciones que hasta ahora no han sido probadas en los tribunales a raíz del último proceso electoral y en razón de ello la magistrada Alfaro logró armonizar con los jueces electorales suplentes para armonizar y entrar a fondo en lo que será el futuro proceso electoral del 2027, que está casi a la vuelta de la esquina.
La funcionaria electoral Alfaro, asegura que al dividirse los comicios facilitaría al votante el proceso de elección en razón a la gran cantidad de votantes para las elecciones presidenciales, diputados al Congreso, al inoperante Parlacen y los concejos municipales, dando por sentado que es la única forma de evitar que haya confusión entre el electorado que pasa de los diez millones de sufragantes a nivel nacional y los ciudadanos que están fuera del país, especialmente en los Estados Unidos y en otras naciones del extranjero.
Hasta ahora el proyecto de Alfaro, está en estudio por la Comisión respectiva del Congreso, pero se considera que tal razonamiento no prosperará por lo que aquí ha quedado señalado que originaría un abstencionismo en las elecciones para elegir presidente, vicepresidente de la República, diputados al Congreso y al menos querido Parlacen y el costo millonario de que haya dos elecciones en un año, en un espacio de seis meses de cada evento.
Hay que considerar a la vez que los actuales magistrados del órgano electoral, dejan los cargos en el mes de mayo del año entrante y esa responsabilidad se las endosarían a los nuevos funcionarios que tendrán criterio diferente al de magistrada en funciones del Tribunal Supremo Electoral que en el pasado proceso electoral dieron muestras de desconfianza, dando origen al encausamiento de cuatro magistrados y de otros funcionarios electorales, a quienes se les sindicó de varios delitos.
