En la historia jurídica guatemalteca, no se había producido una lucha de poderes entre un presidente electo por la voluntad popular en un régimen democrático y un jefe del Ministerio Público, situación que desgasta la gestión de los poderes del Estado y es un grave antecedente para las generaciones del futuro; es imperativo resolver ese desafío que va en perjuicio de la dignidad nacional y pone a Guatemala en la mira internacional evitando con ella la certeza jurídica y un Estado de derecho, desprestigiando con ello la nota de calificativo del país para aquellos inversionistas extranjeros, ello no da confianza en invertir y por ende en crear plazas o empleos que beneficien a la población.
Es degradante que una funcionaria que es nombrada por el presidente de la República, acepte presiones de sectores ultraconservadores que en el pasado proceso electoral perdieron no solo las elecciones sino buena parte del poder.
Estos personajes que se aglutinan en buena parte del sector privado, en especial la industria, en asociaciones civiles o fundaciones, y en expresidentes y funcionarios son los agentes que ordenan a sus operadores políticos en cortes, judicaturas y congreso para crear una ingobernabilidad, teniendo como principal operada a la jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras Argueta, el secretario de esta y algunos fiscales agrupados en la FECI y otras fiscalías. Estos personajes nuevamente han promovido acciones en los órganos de Justicia, para enjuiciar al presidente César Bernardo Arévalo de León, que le imputa acciones que no podrá probar, luego que el jefe del Ejecutivo, hizo declaraciones escoltado por su gabinete y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, por el encausamiento de dos exdirigentes de las etnias que jugaron un rol de primera línea y evitar dar “un golpe de estado” que era fraguado por los sectores que no lograron llegar a la presidencia.
La fiscalía de Asuntos Administrativos del ente investigador, con instrucciones de Porras, solicitó al Congreso, el acta de toma de posesión de Arévalo, para promover acciones de antejuicio contra el gobernante, luego de sus declaraciones a favor de los líderes indígenas que, en el proceso electoral del 2023, por varios días se apostaron frente a las oficinas del MP de Gerona, al saber que esa entidad, pretendía anular las elecciones, argumentando un supuesto fraude.
Arévalo ha tenido una lucha sin éxito para remover a la fiscal general Porras, que se aferra al cargo y ha sido blindada por los órganos de Justicia, y la Corte de Constitucionalidad, concluye su período de 4 años, dentro de un año. El mandatario ha promovido una nueva acción judicial para que la alta funcionaria deje el cargo. Pero creemos que la resolución de los tribunales no prosperará y será otro fracaso y descontento del gobernante, que ha sido claro en decir que el Ministerio Público, está cooptado por corruptos y son los que presionan a la funcionaria para accionar contra él.
Arévalo ha solicitado al Congreso, reformar la ley Orgánica del MP para remover a Porras, pero creemos que sus acciones para reivindicar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no prosperará. Los diputados “opositores” apoyan a Porras y están en desacuerdo con la actual administración del Ejecutivo. La ex fiscal general Thelma Aldana, corresponsable de la crisis que tiene Arévalo con Porras con el ex jefe de la CICIG, Iván Velásquez, quienes solicitaron al Legislativo, en la presidencia del ex diputado Mario Taracena, erogar el cuestionado artículo 14 de dicha Ley.
Esa lucha de poder entre el presidente Arévalo y la Jefa del MP deben resolverla los órganos de Justicia, con imparcialidad en bien del país. Los próximos meses, serán de lucha política, al iniciarse el proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral y el nombramiento del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público.
En corrillos parlamentarios, se ha dicho que Porras Argueta, hace acercamientos con los legisladores de la oposición para ser elegida magistrada del máximo ente constitucional, desea tener inmunidad, para que no se le encause por las acciones que en su contra ha promovido el actual gobierno, si esta desavenencia entre Porras y Arévalo no para y no se resuelve estamos seguramente ante una ingobernabilidad e incertidumbre de rango constitucional que nos puede llevar al rompimiento del orden constitucional a través de una autocracia, quitándonos libertades conseguidas desde 1985.
