“Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” dice la Constitución… y a la vez la carta magna indica: “Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien se sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causen” e indica a la vez: “La potestad legislativa corresponde al Congreso…”. Los diputados son representantes del pueblo y pueden ser reelectos…
En los últimos días, los diputados están a la vista de todo el pueblo, luego que en el último día de la sesión del año pasado, luego de aprobar con varias modificaciones el presupuesto general de gastos de la nación para el presente ejercicio, sin análisis y estudio, 98 legisladores se autorrecetaron un incremento salarial para equipararse al que tienen los magistrados de la Corte de Apelaciones hasta Q46,700, el que fue aprobado con un acta que faccionó la Junta Directiva, que tuvo la oposición de varios legisladores, quienes manifestaron oposición. Inicialmente, algunos directivos negaron que se había aprobado el incremento, pero posteriormente se conoció el acta donde se había aprobado el incremento.
Por esa manifiesta y absurda decisión del Congreso de la República, varios sectores de la población se manifestaron e indicaron el rechazo a ese incremento, especialmente los 48 cantones de Totonicapán, que exigieron a los diputados dejar sin efecto el incremento. Cada legislador tiene un salario que pasa de los Q30,000 más el pago de dietas, viáticos cuando se viaja, comidas, asesores, pagado todo por el Congreso de la República y es público, aparte los beneficios que tienen algunos diputados de las obras de sus distritos entre otros.
Como consecuencia de esa decisión, grupos sociales accionaron en la Corte de Constitucionalidad, impugnando dejar sin efecto el incremento mismo que nunca fue socializado con la sociedad y que carecía de análisis ni dictamen previo. El alto tribunal aceptó para su trámite la acción y pidió informes al Legislativo. La Junta Directiva se reunió con los bloques del Organismo, que por unanimidad dejaron sin efecto el incremento. Pero los diputados con el mayor descaro e inconformidad del pueblo recibieron el incremento de los meses de febrero y marzo, no han tenido la dignidad de devolverlo.
Alegan los diputados del Congreso de la República, que previamente a dejar sin efecto el incremento salarial, debe ser el pleno quien lo haga, lo que obliga que el pleno a emitir un punto resolutivo dejando sin efecto tal incremento, buscando evitar que el pueblo con todo derecho actúe y se llegue al mejor de los extremos de pedir la dimisión de los diputados que gozan sin excepción del rechazo del pueblo. De no acceder los legisladores a la exigencia de los 48 cantones de Totonicapán y de todo el pueblo se apostarán frente al Legislativo, pidiendo la renuncia de los diputados, se anticipan a decir con justa razón, que no merecen ese incremento por ser incapaces, deshonestos y no permitirán anticipadamente su reelección y así lo harán saber el próximo proceso electoral.
Deben saber también los diputados que la economía nacional está al alza, que los salarios no alcanzan para vivir, la crisis en la red vial, por falta de fondos, los hospitales están saturados de pacientes, que hay escasez de maestros y que hay una crisis a nivel nacional, que no mejora, peor ahora con las acciones de la nueva administración de los Estados Unidos, que expulso a miles de guatemaltecos, están desempleados.
