El Colegio de Abogados de Guatemala, que cuenta con más de 50 mil colegiados, juega un rol importante en la vida jurídica-política del país, entidad que en los últimos años ha desprestigiado al gremio, a asociarse sus directivos con grupos políticos que por años han sido corruptos que tienen al país, con funcionarios del sector justicia y del Ministerio Público, que no aplican la justicia y la investigación, dentro del marco que regula Constitución política de la República, conociéndose que varios de los magistrados del ente constitucional, pretenden ser reelegirse, tener a la nación de cabeza y con marcado desprestigio, nacional e internacional.
El pasado l4 de febrero, se realizó la elección de los nuevos directivos del colegio de profesionales del derecho, participando varias planillas y hubo necesidad de convocar a una segunda ronda, entre los candidatos que habían tenido mayoría de votos, para presidir dicho Colegio y el Tribunal de Honor. Por la planilla 10-identificada por sus adversarios de ser de la “oposición”, ganó la presidencia la prestigiosa abogada ex juez de primera instancia de la capital, Sacatepéquez y Mixco, Patricia Elizabeth Gámez Barrera y la presidencia del Tribunal de Honor de la planilla 4-oficialista impulsada por el ex rector Stuardo Gálvez Barrios,- la ex juez Carmen Alicia Franco Flores, hermana del magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral Mynor Estuardo, que con otros tres colegas de ese ente, están suspendidos en sus funciones, al imputarles el Ministerio Público, acciones ilegales en el proceso electoral del 2023.
Por ley los nuevos directivos de tal entidad deben tomar posesión el 20 de marzo, para un período de dos años. Sin embargo, adversarios de Gámez Barrera, alegaron que el proceso de elección donde su planilla salió ganadora hubo anomalías y que debería anularse y repetirse la elección. Mario Siekavizza ex presidente del citado colegio, se prestó hacerles el juego a los adversarios, con el argumento que había apelaciones que no se habían resuelto.
El abogado Percy Rodolfo Méndez, presentó una acción de amparo en una sala de lo Contencioso Administrativo, contra la Junta directiva del Colegio, quien al resolver ordenó se procediera a darle posesión a la nueva Junta Directiva, que asumió a la media noche del pasado 20. Gámez ha dicho que su gestión se encuadrara a derecho y que no se prestara a acciones espurias y políticas como sus antecesores y si bien es cierto que la presidenta del Tribunal de Honor Franco Flores, compitió con otros grupos, han coincidido que durante su administración trabajaran en conjunto para reivindicar a esa entidad, que tendrá un rol importante el año entrante en las Comisiones de Postulación.
Por Ley y de acuerdo con lo que regula la Constitución Política de la República, los directivos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, conforman las Comisiones de Postulación para elegir la nómina de postulantes para el Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Defensa Pública Penal, Corte de Constitucionalidad y otros.
En estos procesos que son de vital importancia para la vida política y democrática del país, se vinculan grupos afines al Congreso, del sector privado y operadores que negocian con fuertes sumas de dinero con los comisionados. Se conoce que varios magistrados del ente Constitucional, pretenden su reelección. Se menciona a su actual presidente Néster Vásquez Pimentel, que en el pasado controló el Colegio de Abogados, Dina Ochoa Escribá, a fin a diputados de la oposición que sería reelegida por el Congreso. Se conoce que dentro de este proceso para elegir magistrados del máximo Tribunal Constitucional, el nombrado por el Presidente Arévalo, seria su asesor, Alfredo Balsells Conde.
Todos los tanques de pensamiento y sectores de la sociedad civil, tienen confianza que los nuevos directivos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, dignifiquen esa entidad, el proceso para su elección fue masivo, y deben mantener un equilibrio y no prestarse a juegos sucios como sus antecesores que en su gestión, no protestaron al vincularse a sus agremiados a actos ilegales del gobierno anterior, donde la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, fue pieza vital al tratar de impedir la toma de posesión de los actuales jefes del ejecutivo.
