Los hospitales nacionales, los que están bajo la jurisdicción del Seguro Social, en todo el país, tienen un presupuesto reducido y diariamente tienen que atender a pacientes que sufren constantes problemas de salud, especialmente los de la capital, con mayor capacidad: Roosevelt y San Juan de Dios, entre otros con bajo presupuesto, se ven forzados a cerrar las consultas externas y atender solo las emergencias. Con frecuencia los titulares de esas instituciones, hacen verdaderos milagros para extender su presupuesto y atender a pacientes que su vida está en peligro.
Además de auxiliar a los ciudadanos que asisten a esos centros para curar sus males, se ven forzados a ayudar a las miles de víctimas que resultan severamente afectados en todo su organismo por los accidentes viales que a diario se registran en la República, especialmente a motociclistas que se exceden en velocidad y los que son víctimas de percances viales de toda clase de vehículos, que representa la cura de los afectados, erogar cantidades millonarias de dinero, para la compra de medicinas, prótesis de los que quedan con miembros desmembrados y afectados de por vida.
El gobierno se vio cuasi forzado a emitir acuerdos de la obligación de contratar un seguro para toda clase de vehículos, incluyendo a las motocicletas, tráileres, buses urbanos, extraurbanos y taxis, disposición que entraría en vigencia el próximo primero de mayo. Tal decisión fue adversada por diputados de la “oposición”, que en la sesión del Congreso, del 18 de este mes, se opusieron abiertamente a tales acuerdos, presentando un punto resolutivo, instando al Ejecutivo, dejar sin efecto esa disposición. Los congresistas lanzaron severas críticas en sus intervenciones contra el presidente Arévalo, haciéndole serios señalamientos, diciendo que la medida era arbitraria y causaría severos daños económicos a quienes por ley tenían que cubrir el seguro para los conductores de toda clase de vehículos y en favor de terceros.
La iniciativa fracasó, no se aprobó, que dio lugar a que los inconformes promovieran amparos en la CC y dio rienda suelta para que los motociclistas, taxis piratas y vehículos pesados, bloquearan por dos días varias zonas de la capital y del interior, mostrando su inconformidad por esa disposición. Sin embargo, los acuerdos que dictó el ejecutivo, fue razón que hace varios años, la Corte de Constitucionalidad, emitió una sentencia al conocer el amparo que presentaron transportistas que no estaban de acuerdo con pago del seguro.
El gobierno tiene muy claro que las protestas y bloqueos que dejaron más de Q1,200 millones de pérdidas en los 2 días, fueron dirigidos por políticos de oposición, señalando entre ellos, a la dirigente de la UNE Sandra Torres y a su hija diputada, quienes, a decir de legisladores de Semilla, fueron vistas entre los inconformes, lanzándoles consignas y acusando al gobernante de irresponsable, pues aseguraron los revoltosos que el pago del seguro, tendría un gran impacto en su economía, el alto coste de vida y aseguraron que los percances en el interior, es producto del mal estado de las carreteras, especialmente en el área rural.
El artículo 26 de la Constitución en su parte conducente dice: “toda persona tiene libertad de permanecer, transitar y salir del territorio nacional…” Toda vez no perjudique la libre locomoción, situación que no fue respetada por los inconformes, causando los bloqueos, un grave perjuicio, no solo a la economía a todas las personas que faltaron a sus trabajos, y a sus quehaceres diarios. Dice la carta magna: Se reconoce el derecho a reunión pacífica, sin armas, pero en torno a esto se vio a varios manifestantes portar armas de fuego.
Los inconformes se enfrentaron a la fuerza pública, lanzándoles botellas de vidrio, y otros objetos, resultando varios agentes con severas lesiones, dos revoltosos con antecedentes penales fueron capturados y se les dictó auto de procesamiento.
A raíz de esos incidentes y bloqueos que paralizaron varios departamentos del país, el gobierno se vio forzado a dejar sin ningún efecto los acuerdos que obligan al seguro de los que conducen toda clase de vehículos. Está abierto al diálogo con los sectores supuestamente afectados, que en aras de la paz y la tranquilidad se pondría en vigor tal disposición a empresarios, transportistas, comisionando al ministro de Gobernación Francisco Jiménez y al viceministro de Transportes Fernando Suriano, para que elaboraran un acuerdo y dialogaran con los sectores vinculados a la red vial, diciendo que era imperativo que se modifique la ley de tránsito y que el seguro tiende por supuesto a evitar percances viales como el sucedido en las inmediaciones del puente Belice, cuando un bus extraurbano volcó, muriendo más de 50 personas y 4 lograron sobrevivir.
Sin embargo, no hay que dejar por un lado lo que sucederá cuando entre en vigor esa disposición. Los incidentes serán mayores porque los políticos estarán en una precampaña y se abre el proceso a inicios del año entrante, la elección de los futuros funcionarios judiciales. TSE, Corte de Constitucionalidad y selección y nombramiento del próximo jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República.
