Las maras y grupos antisociales se han organizado en todo el país, tienen zonas específicas para cometer crímenes que hasta hoy en lo que corre del presente año, las cifras de fallecidos superan más de 800 víctimas, ridiculizando estos grupos a las fuerzas de seguridad, que si bien hacen capturas, allanamientos con el auxilio de fiscales del MP, no cesan los asaltos, las extorsiones y las muertes que en la mayoría de las veces se ordenan desde los centros carcelarios, que con la complicidad y tolerancia de los directores, alcaides y guardias de presidios, a los dirigentes de estas clicas les permiten mediante el pago de sobornos el ingreso de armas de fuego, teléfonos celulares, dinero y toda clase de aparatos electrónicos para ordenar sus fechorías.
El artículo 1º. de la Constitución de la República es claro y dice: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia”. Proteger es amparar, defender a la persona en lo individual o en lo social. Sin embargo, en la práctica ese concepto es letra muerta. Los delincuentes usan viejas artimañas para ridiculizar a las fuerzas de seguridad. Los hechos de violencia se registran a diario en toda la república y hasta ahora el titular de la cartera del interior Francisco Jiménez Irungaray, que en el pasado ocupó esa cartera, ha fracasado en minimizar la violencia, pese a sus declaraciones y las acciones de seguridad que realizan las fuerzas de seguridad ahora en colaboración con unidades del ejército, no han logrado terminar con la violencia, que ha dejado familias desintegradas con la pérdida del padre, la madre y un ser querido.
Las autoridades han identificado zonas rojas de la capital, municipios vecinos como Villanueva, Mixco, San Pedro Ayampuc, Chuarrancho, Villa Canales, San Miguel Petapa y varios departamentos del interior del país. Los 23 centros de detención que controla el inoperante sistema penitenciario, con criminales de alto perfil de violencia, están saturados y el gobierno eroga sumas millonarias para dar manutención a los miles de internos que, en los centros carcelarios, extorsionan a sus compañeros, quienes se niegan a cumplir el pago que le exigen los líderes, es una sentencia a muerte y no hay que dejar de olvidar que internos son asesinados por sus propios compañeros.
Hay crímenes que no pueden quedar en el olvido. El asesinato del alcalde de Chuarrancho, Guatemala: Gerson Saúl Ajcuc Xot, que fue acribillado en la ruta al Atlántico, cuando retornaba con su asistente de una reunión de alcaldes. Así como ese crimen, hay otros que no pueden quedar impunes; se exhorta a los tribunales y al MP, que accionen con drasticidad contra la delincuencia y se reduzcan los hechos de sangre que se han incrementado. La Policía y el Ejército hacen requisas y allanamientos capturando a delincuentes y es aconsejable que el Congreso, modifique los Códigos Penal y Procesal Penal, para que los tribunales impongan severas penas contra los delincuentes.
Las declaraciones del presidente Arévalo dieron confianza al titular del interior Jiménez e indicó que no ha pensado cambiarlo. Algunos criterios no coinciden con el gobernante, porque los hechos de sangre siguen a diario en todo el país. Matando muchas veces los delincuentes a sus compañeros por disputas de territorio o liderazgo. Urge hacer una modificación de las operaciones que hacen las fuerzas de seguridad porque se ha visto y es evidente que los delincuentes le ganan la partida a la policía asesinando a taxistas, pilotos de buses urbanos y extraurbanos. Hechos que son repudiables por todo el pueblo que exige seguridad en sus bienes y en los de sus familiares, y que las fuerzas de seguridad se recapaciten para evitar tantas muertes de ciudadanos inocentes.
