La aplicación de la justicia en Guatemala es y debe ser la columna vertebral de la genuina democracia, quien quebrantare el derecho de expresión y resuelva contrario a lo que norma la Constitución Política de la República, que en su artículo 35 indica “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura previa” (…); también el artículo 265 de la carta magna regula: “Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido”. “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo”.
A la ciudadanía en general preocupa desde hace años las acciones espurias y políticas del Ministerio Público, que se ha asociado con el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, para investigar y resolver a su conveniencia, violando claras normas constitucionales que claramente indican que, en toda investigación y resolución judicial, debe prevalecer lo que dice la Constitución.
En diciembre pasado, varias entidades de prensa, entre ellas, la Asociación de Periodistas de Guatemala, promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad con relación a las acciones ilegales y violatorias a la carta magna de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, contra los periodistas que elaboraron el desaparecido medio. ElPeriódico, que dirigió desde su fundación, Jose Rubén Zamora Marroquín, que violando todos sus derechos fue apresado nuevamente al imputarle hechos que no son constitutivos de delito, que no pueden ser juzgados en los tribunales penales. Si los miembros de la planta de redacción del citado medio hubiesen cometido una acción que se considerase punible por ley, deben ser juzgados con lo que indica la carta magna, los tribunales o jurados de imprenta.
La CC resolvió sin lugar las acciones que promovieron las entidades de prensa que señalaron en su pretensión, la ilegalidad de la FECI de promover acciones de índole penal contra el personal de prensa del relacionado medio y contra otros comunicadores que se vieron forzados a abandonar el país, al denunciar que eran perseguidos y vigilados, sin que hubiesen cometido delito, hechos que son violatorios a la carta magna y al debido proceso. La resolución que dictó el alto tribunal constitucional conlleva una falsedad y una violación a las leyes del país y así lo han manifestado analistas conocedores de la materia constitucional y penal, y demandan del órgano constitucional, que sus resoluciones se encuadren con lo que dicen las leyes de la materia y no se plieguen o se asocien a intereses políticos, como ha sido usual en varias resoluciones que ha proferido el máximo órgano de justicia constitucional.
Los magistrados de tal órgano para resolver se tardaron varios meses dictando una sentencia que tiene todas las características de ser política y no apegada a derecho. El funcionamiento de la justicia en nuestro país, se ha politizado producto de la forma en que son nominados, elegidos y nombrados quienes ejercen el derecho constitucional de impartir justicia, que debe ser con imparcialidad, pronta y cumplida y no plegarse a intereses políticos y no olvidar que los puestos de la administración pública, de cualquier categoría se desempeñan con honradez, idoneidad y ser fieles defensores de la carta magna en todas las leyes o reglamentos y no plegarse a designios politiqueros, que devienen de ser ilegales y antidemocráticos. Se ha insistido que la Constitución debe reformarse y abolir las comisiones de postulación, pues se ha conocido que los comisionados son sobornados con dinero, actúan políticamente por compadrazgos y amistad. No tienen claro que el honor y la dignidad dignifica, pero pareciera que esos comisionados no conocen la carta magna y son designados por intereses políticos y deben verse en el espejo de la realidad que sus resoluciones no están encuadradas a derecho.
Las entidades de prensa accionantes piden que se revoque la resolución dictada por el órgano constitucional y traslade las denuncias del MP a un tribunal ordinario, para conformar los jurados y tribunales de imprenta, si hubiese algún delito que modifique las pesquisas o averiguación judicial si las hubiere.
Nota personal: aprovecho este espacio para manifestar mi condolencia personal y de mi familia, por el deceso de los distinguidos amigos, Mario Roberto Guerra Roldán, ex magistrado del TSE y Horacio Mauricio Barrera López. Flores sobre su tumba y resignación cristiana a su familia y amigos.
