El proceso que sigue abierto contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, tiene todas las características de ser político y antidemocrático, como lo ha demostrado la defensa y el agraviado en los tribunales donde se le encausa, como una venganza de las denuncias que el imputado de manera clara hizo en su desaparecido medio elPeriódico, al ser claro en torno a los graves actos de corrupción en los gobiernos de Jimmy Morales Cabrera y Alejandro Eduardo Giammattei Falla, quienes nombraron a la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público María Consuelo Porras Argueta, que se ha plegado a intereses políticos y ha sido blindada por Corte de Constitucionalidad y el Organismo Judicial, para evitar su renuncia o bien su destitución.
El sistema de Justicia en el país y el Ministerio Público, ha sido de descrédito, al plegarse a intereses espurios y políticos. En el caso de Zamora, que estuvo más de 813 días detenido ilegalmente y que ahora goza de libertad con una medida sustitutiva, es ilegal y arbitrario, como reiteradamente lo han señalado organismos internacionales y la Asociación de Periodistas de Guatemala. Para juzgar a los periodistas y todo sujeto que haga uso de su derecho de expresión, es claro el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que dice claramente “Es la libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura previa…”.
Para juzgar a un periodista o cualquier ciudadano, que haga uso de su derecho de comunicación, están instituidos los tribunales o jurados de imprenta, conformados por miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y vecinos del municipio, donde se articule la denuncia, son elegidos mediante sorteo en presencia de las partes.
Un juez favoreció a Zamora Marroquín dejándolo en libertad. El Ministerio Público y una entidad que imputa hechos ilegales al comunicador, apelaron a la libertad del encausado, que en las audiencias a donde se ha apersonado ha reiterado que es inocente de los hechos que se le acusan y está dispuesto si es nuevamente encarcelado a reiterar que su encarcelamiento y las denuncias en su contra son venganzas políticas asegura que no ha cometido ningún delito y así lo ha manifestado en las audiencias en los tribunales que lo enjuician y pide un juicio justo que esté apegado a derecho, que se cumpla con lo que dice la Constitución y espera que los tribunales revoquen el auto que dictó una sala de apelaciones, que resolvió que el comunicador nuevamente debe ir a prisión, un hecho sin precedentes, porque el exdirector del referido medio, dice que es ilegal su encausamiento y pide que el proceso sea sobreseído y se le deje de imputar acciones que no ha cometido, dice que ha hecho uso de lo que dice la Constitución, eso por supuesto no constituye ningún delito como lo ha demostrado hasta la saciedad.
