La verdad tiene varias aristas. Los jueces resuelven a conveniencia y el Ministerio Público en complacencia con estos, actúa en la investigación en los casos que tienen un matiz de político, haciendo imputaciones sin objetividad y el Organismo Judicial en los últimos años, se ha asociado con el ente investigador para condenar o bien para absolver. Los tribunales de Justicia cuentan con una mora judicial que ha perjudicado a las partes, violando lo que norma la Constitución que claramente dice que la administración de justicia, se aplica pronta y cumplida con imparcialidad, objetividad y de acuerdo con las pruebas de cargo y descargo que presenten los sujetos procesales.
Sectores de la población han señalado la falta de imparcialidad de los tribunales de justicia y no solo del orden penal, así como también el escaso profesionalismo del Ministerio Público. Un claro ejemplo de ello, es el caso de la ciudadana hondureña-estadunidense Floridalma Roque, en dicho caso desde el principio había indicios y vicios en la forma de aplicar la justicia, los mismo ex trabajadores del señor Kevin Malouf bajo testimonio fueron indicando la forma en el doctor Malouf hizo con su paciente, primero la mala práctica médica, el ocultamiento del cuerpo y su mutilación, el desaparecimiento del mismo, lo que hace ver la colusión de varios delitos de orden penal. La acción penal la tiene el Ministerio Público que busca mediante la acusación que al delincuente se le condene a la máxima pena, y se haga el resarcimiento económico según el delito, lo que quiere decir que en el caso de la señora Roque había prueba suficiente para la condena.
En el correr de los meses de a poco con más temor por parte del personal que laboraba con Malouf fueron saliendo a flote los hechos, fueron ellos y no el MP quienes dijeron que había pasado en esa noche, luego de ello Malouf no tuvo más remedio que decir dónde estaba localizado el cadáver de Roque, mismo que estaba enterrado en una finca de San Vicente Pacaya, Escuintla.
Los hijos de Roque, de acuerdo con la versión que dieron los asistentes y auxiliares del galeno, solicitaron al MP investigación para establecer los móviles del fallecimiento de Floridalma, diligencias deficientes y la sentencia se prolongó por varios años y la defensa de Malouf, le aconsejó que “aceptara los cargos”. Se le juzgó por homicidio simple y no por asesinato, figura legal ésta última, encuadra por la forma en que el imputado ocultó y desde el inicio del proceso sus declaraciones no se ajustaban a los hechos.
La sentencia contra Malouf y sus cómplices, han causado indignación en todos los sectores de la población, no es válido que se le haya beneficiado con una condena mínima de tres años por “homicidio culposo”, acción que encuadra en el asesinato que tiene todos los agravantes para haber dictado una sentencia de más de 50 años de prisión, inhabilitarlo de por vida como profesional de la medicina, que obliga a los familiares de la fallecida y al Ministerio Público, a apelar la sentencia del juez Pedro Laynez.
Diputados de varias bancadas han dicho que la reforma que se hizo al código penal y procesal penal, por petición del ex jefe de la CICIG, el colombiano ex ministro de la Defensa de su país, Iván Velásquez Gómez, en aceptación de cargos debe derogarse o reformarse, esa figura beneficia a los criminales. Un ejemplo claro que el ex presidente Otto Pérez Molina, que fue acusado por varios delitos de corrupción en su gobierno, aceptó los cargos que le articuló el Ministerio Público, al declararse “confeso”, se le condenó a una pena menor y goza de libertad, pese a que era público y notorio de los actos de corrupción por varios millones en su pésima administración.
Se espera que en las apelaciones que conocerá la cámara de alzada y los otros tribunales, a donde se elevara el voluminoso proceso que duró varios años, revoque la sentencia del Juez Pedro Laynez, porque la vida de la víctima no vale seis mil quetzales, que es lo que podría pagar Malouf, al ser beneficiado y salir libre a igual que sus cómplices.
Algunos sectores sospechan, sin mayores elementos de prueba, que podría haber sido sobornado el Juez y el Ministerio Público, con fabulosas sumas de dinero, para dictar esa sentencia, que no solo da vergüenza, sino ha generado malestar en todos los sectores del país.
El sistema de justicia en todos los tribunales, desde hace años está en decadencia, al contaminarse de política las Comisiones de Postulación y dejar en última instancia la elección de magistrados que llegan al cargo por soborno o compadrazgos políticos, como ha sido usual en los últimos años.
