La Constitución de la República es clara e indica que el Tribunal Supremo Electoral, es de jerarquía constitucional el que está conformado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, nominados por una Comisión de Postulación, que examina cada expediente de los postulantes, para comprobar su capacidad, honradez e idoneidad y al hacer el trabajo de revisión nomina a treinta y cursa al Congreso la nómina que tiene como imperativo elegir a los profesionales con mejor hoja de vida, pero no siempre se cumple con esa norma y se eligen a los menos capaces por los vínculos políticos que tienen con el gobierno de turno y con los partidos políticos, y de los cuales muchos son electos por pagarles favores a los políticos.
En el último proceso electoral, el Ministerio Público, con abuso de poder y con clara violación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la carta magna, promovió acciones en los tribunales penales, para evitar la toma de posesión de los actuales jefes del Ejecutivo, fraguando un autogolpe de Estado, dando por sentado, que en los comicios hubo irregularidades y los magistrados del entre lectoral, eran de alguna manera cómplices de esas acciones.
Los ciudadanos César Bernardo Arévalo de León y Karen Herrera fueron declarados electos para asumir la presidencia y la vicepresidencia de la República, proceso que dio origen a acciones de protesta contra el ente investigador y los jueces corruptos que se prestaron a esas sucias maniobras espurias y políticas del Ministerio Público.
Posteriormente a la toma de posesión de alcaldes, diputados y los ahora jefes del Ejecutivo, se abrió proceso contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral: Mynor Custodio Franco Flores, Ranulfo Rafaél Rojas Cetina, Elizabeth Palencia y Gabriel Aguilera Bolaños, a quienes se les separó del cargo, al declararse que había lugar a formación de causa penal en su contra. Los imputados fueron dejados en libertad, unos días Aguilera Bolaños presidió el ente electoral, pero por otras acciones en contra de los magistrados se les separó del cargo.
En ausencia de Aguilera Bolaños, fue sustituido por la magistrada titular Blanca Odilia Alfaro Guerra. Los magistrados suplentes mostraron inconformidad que Alfaro, presidiera ese órgano, sin mayores argumentos. Alfaro aseguró que había convocado a varios plenos a los suplentes para que con libertad designaran quién iba a presidir el Tribunal, asegurando que sus requerimientos no fueron atendidos.
En ese conflicto, hay una laguna legal en la ley del citado Tribunal y en la Constitución. Los suplentes han manifestado su inconformidad contra Alfaro y han promovido acciones en la Corte de Constitucionalidad, para que sea el alto Tribunal Constitucional, que dirima ese conflicto, que tendrá graves repercusiones en futuros procesos electorales. Ese conflicto en el Órgano electoral no es nuevo. En el pasado hubo enfrenamientos entre los magistrados, sobre quién debería de presidirlo.
El último presidente elegido por el pleno para un período completo fue el prestigioso abogado ya fallecido, Félix Castillo Milla.
En las posteriores magistraturas a la fecha, se resolvió que la presidencia se designaría por edad. Ahora corresponde al Tribunal Constitucional, resolver el conflicto y sentar un precedente futuro. Los suplentes por la calidad que tienen no pueden asumir la presidencia de ese Tribunal, incidente histórico que ha dado origen a conflictos internos entre Alfaro y los suplentes, que ha motivado inconformidad entre los dirigentes políticos, que apoyan a Alfaro, que en enero cumplió un año de presidir ese Organismo.
