El artículo 82 de la carta magna dice en su parte conducente: “La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica…”. No es independiente del Estado, puede contraer derechos y obligaciones, pero en la gestión del usurpador rector de nuestra máxima entidad de estudios superiores, el actual rector Walter Mazariegos Biolis, fue “impuesto” en un evento que dio origen a varios incidentes, donde la fuerza pública con violencia expulsó de las áreas universitarias a los opositores de Mazariegos y se les violentó su derecho constitucional, de elegir.
En ese proceso a todas luces irregular y violatorio a la Constitución política, se dijo que el expresidente Alejandro Giammattei Falla, fue pieza vital en la elección de Mazariegos, al extremo que los opositores del alto funcionario de la Usac fueron capturados y aún no han sustanciado el proceso que les imputó; también a la vicepresidenta Karen Herrera, en aquella ocasión catedrática universitaria.
La imposición del rector Mazariegos ha originado una crisis de valores en nuestra tricentenaria casa de estudios, crisis que no tiene razón y desgaste de valores intelectuales de catedráticos de altos valores, al alto funcionario universitario se le ha visto imputado en acciones de carácter penal, imputaciones que hasta ahora no han sido sustanciadas por los vínculos políticos que tienen los funcionarios judiciales con el máximo dirigente universitario.
En los tribunales se han promovido acciones contra el Consejo Superior Universitario, para que proceda a elegir a las nuevas autoridades de la máxima casa de estudios. La Corte de Constitucionalidad, cuya función esencial es, irrestricto respeto y cumplimiento constitucional, tiene entre sus obligaciones que se cumpla la carta magna, ordenó al máximo órgano de la U. proceder a la elección de las nuevas autoridades, bajo apercibimiento de no hacerlo, certificar lo conducente para enjuiciar a los infractores.
La gestión de Mazariegos, como máximo dirigente de esa casa de estudios, ha sido severamente criticada por la comunidad universitaria. Grupos políticos de oposición, profesionales que en su acción académica han sido valores de éxito a nivel nacional e internacional, al punto que la universidad ha perdido posicionamiento dentro de la gama de universidades en el país.
Se espera que los nuevos dirigentes de la U que sean elegidos dentro de un proceso libre y democrático, tengan la obligación de cambiar la imagen deteriorada de la máxima casa de estudios superiores y el Consejo Superior Universitario, que tiene injerencia en la vida nacional en elegir funcionarios de varias instituciones estatales, dignifiquen a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en el pasado ha tenido dirigentes de prestigio y han cumplido con el voto. Los funcionarios elegidos, entre ellos la desprestigiada y “política” Corte de Constitucionalidad, sean los mejores profesionales del derecho y no nomine a un similar, como el actual representante del Consejo Superior Universitario, Héctor Hugo Pérez Aguilera, elegido en un proceso viciado. La ley dice para elegir a un representante de esa entidad, en ese tribunal, debe ser catedrático y Aguilera, no ha impartido docencia en la máxima casa de estudios y se le impuso por fallos judiciales, de ilegalidad y violación a la Ley Orgánica de la Usac y de la carta magna.
