Las acciones de las fuerzas de seguridad para combatir la violencia que a diario causa víctimas a nivel nacional, hasta ahora no han tenido éxito, obliga a las autoridades ser más enérgicas y aplicar lo que indica el artículo 139 de la Carta Magna, que dice en su parte conducente “Ley de orden público y Estado de Excepción”, norma que no afecta el funcionamiento de los organismos del Estado … ni el funcionamiento de los partidos políticos e indica a la vez, se puede aplicar el Estado de Prevención y otras restricciones, que faculta a las autoridades hacer allanamientos, aprehensiones, sin orden judicial.
La violencia ha dejado hogares desintegrados y obliga a las autoridades hacer una limpia en aquellas zonas de la capital, y en toda la República, donde los antisociales utilizan cualquier argucia para extorsionar desde las prisiones, muchas veces con la tolerancia y la colaboración de las autoridades de presidios, que les permiten el ingreso de armas de fuego, celulares y otros medios electrónicos para lograr sus objetivos.
Es conveniente que los funcionarios de las fuerzas de seguridad, hagan acercamientos con el Presidente Bernardo Arévalo, para que en consejo de ministros, emita un acuerdo de prevención para autorizar a las fuerzas de seguridad hacer allanamientos exprés, sin orden judicial incautar las armas de fuego que tienen los delincuentes, cerrando zonas de la capital y de municipios por varias horas, prohibiendo la circulación vehicular y peatonal, respetando los derechos humanos y los agentes que hagan esas operaciones sean auxiliados por fiscales del Ministerio Público y delegados de los derechos humanos.
El Ministerio de Gobernación, ha identificado las zonas rojas de la capital y del interior, donde la violencia ha sembrado sus riales y ha dejado víctimas inocentes. Vecinos de la Ciudad Peronia, jurisdicción de Mixco, se vieron afectados al paralizar la circulación de varias unidades de transporte, a falta de seguridad policial, al quejarse pilotos ser víctimas de extorsionistas y que muchos compañeros fueron asesinados, al no cumplir con el pago de la extorsión, llegando al extremo los delincuentes que colocaron calcomanía visible en cada bus, identificando los que habían cumplido con el pago de las extorsiones.
Creemos que los habitantes de las zonas donde podrían implementarse el estado de Excepción, los vecinos no podrán resistencia, tal decisión va en beneficio no solo de su vida y de sus intereses. En otros gobiernos menos democráticos como el de Arévalo, se han dictado esas acciones que han dejado beneficios y por esa razón ahora que la violencia sigue causando víctimas, es saludable que se proceda con apegado a derecho que, con una disposición de esa naturaleza, no necesita aprobación del Congreso. Los artículos 138 y 139 de la Constitución, son claros y no dan lugar a malas interpretaciones.
Se espera que las autoridades hagan un estudio a fondo de esta recomendación, instruyendo a sus asesores jurídicos para elaboren un dictamen objetivo sobre la convivencia de emitir un acuerdo de excepción o prevención que daría lugar a desarmar a los delincuentes. Varios de ellos han sido identificados por las autoridades, el Ministerio de Gobernación ha dicho que se incrementaron las fuerzas de seguridad para dar supuestamente protección a la población, pero en la práctica y la realidad, la violencia, sigue causando víctimas inocentes y ahora nadie está seguro en su casa, ni en la vía pública.
