Los municipios de la República, son instituciones autónomas, pueden disponer de sus recursos, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y sus fines propios, según las normas reguladas en la Constitución de la República y el Código Municipal, además, tienen la obligación de cumplir con los ofrecimientos de campaña en bien de su comunidad.
Con el correr de los años, la corporación municipal es generalizada, con pocas excepciones y se conoce que jefes edilicios y su Concejo, pactan con diputados distritales y la empresa privada para hacer mejoras en su comunidad, que raras veces cumplen, pero en cambio, reciben beneficios económicos millonarios, engañando al vecino que se muestra defraudado.
Los recursos que obtienen las municipalidades provienen de los arbitrios, tasas y actividades lucrativas, parte de esos recursos es el diez por ciento, mínimo que cada municipio recibe del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado y pueden aumentar si el Congreso, dicta el Código Municipal. En el pasado, antes de la llamada “era democrática”, el puesto de alcalde era honorífico, no devengaba salario, ni cobraba dietas por las reuniones del Concejo, no hacían viajes de placer al extranjero, como es usual ahora desde hace años.
La mayoría de alcaldes del interior, se constituyen caciques y dictadores a sueldo de cada comunidad. Varios jefes edilicios se reeligen por años, en cada proceso electoral engañan a la población con ofrecimientos que raras veces cumplen, causando malestar en sus vecinos, que exigen se cumpla con los ofrecimientos, que no falte el agua, mejoramiento de las calles y otros servicios indispensables para la población.
Se conoce que varias municipalidades del interior han erogado la fabulosa suma de más de cuatro millones de quetzales, para festejos de fin de año, hecho que se considera un abuso y despilfarro descomunal, una solapada propaganda política anticipada para una posible reelección, que obliga por ley, a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, hacer una auditoría a fondo, denunciar a los contraventores, el Tribunal Supremo Electoral, prevenir a los alcaldes, por esa campaña anticipada, debe ser sancionada por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En relación al despilfarro de varias comunas de los fondos del municipio, se conoce que la municipalidad de Teculután, Zacapa, erogó más de Q103 mil para la compra de canastas navideñas para su personal, la de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, pagó Q84 mil para agasajar a los empleados y regalos navideños para su personal, el alcalde de San Rafael Pétzal, Huehuetenango, para la compra de regalos para fin de año para sus colaboradores destinó la cantidad de Q89 mil. El jefe edilicio de Santa Cruz, el Quiché, también erogó varios miles de quetzales para festejar a sus empleados en las fiestas de fin de año. Otros alcaldes también se han unido a esos festejos dilapidando los fondos de sus corporaciones con fines meramente políticos.
Si bien es cierto que los fondos que manejan las corporaciones edilicias, son propios de cada comuna, ese despilfarro y desorden debe ser investigado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, denunciar a los infractores y el Tribunal Supremo Electoral, hacer las prevenciones que marca la ley y sancionar a los contraventores, para sentar un precedente, pues aún falta mucho tiempo para que se abra un nuevo proceso electoral.
