Las altas Cortes en un debido proceso, deben resolver lo que regula la Constitución de la República, el futuro del Movimiento Semilla, partido que apoyó las candidaturas presidenciales de Bernardo Arévalo de León y Karen Herrera, por las acciones inconstitucionales del Ministerio Público, apadrinadas por jueces que han aplicado la ley del Crimen Organizado, para enjuiciar a dirigentes de la entidad de derecho público, que obligó a la parte agraviada, recurrir a la Corte de Constitucionalidad, para que resuelva lo que indica la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que norma que el ente electoral, es la única institución facultada para dirimir una controversia electoral.
Las acciones que el Ministerio Público, ha enderezado contra el Partido hoy, en el Gobierno, no están encuadradas a derecho. El problema contra Semilla, se remonta en el proceso electoral de hace años, cuando la ex fiscal general Thelma Aldana, se postuló como candidata presidencial de esa entidad, con su compañero de fórmula, el ministro de este gobierno de Finanzas Jonathan Mencos, y resultaron electos como diputados en aquél evento electoral, entre otros el hoy mandatario Arévalo, la fallecida exlegisladora y exministra de Salud Pública Hernández Mack, quien iba ser la candidata vicepresidencial de la fórmula Arévalo-Hernández.
Al conocerse en el último proceso electoral que Arévalo iba al balotaje presidencial con Sandra Torres, para disputar la Presidencia de la República, el Ministerio Público, inició una cacería legal para impedir que los candidatos presidenciales de Semilla, asumieran la presidencia, e intentó “un autogolpe de Estado”, hecho que fue duramente cuestionado y censurado por la comunidad internacional y las comunidades indígenas, que por varios meses se apostaron en las inmediaciones del ente investigador, demandando la renuncia o destitución de funcionarios de ese organismo, entre estas, de la Fiscal General Porras Argueta, sin lograrlo.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos, es clara al señalar que en un proceso electoral, no se puede iniciar acciones para impedir la toma de posesión de los electos, hasta que el proceso oficialmente esté cerrado. Pero no se violó la ley y el MP con la venía de jueces corruptos, secuestró material electoral en el Parque de la Industria, en las oficinas centrales del Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, con el argumento que “había fraude en las elecciones” hecho que se comprobó que era una falacia y una desvergüenza nacional, el proceso fue observado por organismos internacionales.
A raíz de ese ir y venir del Ministerio Público y jueces, como Fredy Orellana, se abrió proceso contra los funcionarios del Registro Electoral y cuatro magistrados titulares del TSE dejaron sus cargos al sindicarles de varios ilícitos que hasta ahora no han sido dirimidos en los tribunales. Los dirigentes de Semilla, han promovido demandas de antejuicio contra el juez Orellana y han recusado a la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, porque dudan de su imparcialidad en las diligencias para oficializar la cancelación de esa entidad.
Semilla, han promovido una serie de acciones en la Corte de Constitucionalidad, para revertir la cancelación de la entidad de derecho público y pone en duda la imparcialidad del máximo órgano Constitucional, que debe resolver con amplio criterio y ajustarse claramente a lo que indica la Constitución. Arévalo en su calidad de Presidente, ha cuestionado las acciones inconstitucionales del Ministerio Público, y del Organismo Judicial y demandado que resuelvan con apego a la ley, se rechacen las acciones políticas y espurias de fiscales y jueces venales, tomando en consideración que no se puede aplicar una ley ordinaria con una de rango constitucional.
La pregunta de fondo es… Si se cancela oficialmente el Partido Semilla, como institución de derecho Público, a pesar que el Congreso de la República derogó un artículo de la Ley del Crimen Organizado, que el juez Orellana tomó como base para cancelar a la entidad de derecho público, se podría pedir la destitución de Arévalo y de Herrera. En relación al jefe del Ejecutivo, tiene abierto en la Corte Suprema de Justicia, cuatro antejuicios que hasta ahora, están en estudio por los nuevos magistrados del máximo órgano de Justicia. Ese estira y encoge del proceso político del año pasado en Guatemala, mantiene en vilo a la población y la comunidad internacional…
