Ningún funcionario es superior a la ley, gobernantes y gobernados deben someterse al imperio de las normas que están enmarcadas en la Constitución de la República, quien la quebrante debe ser sometido a los órganos de justicia, debe resolver apegado a derecho, no actuar políticamente, con consignas espurias, propiciar la paz, la tranquilidad, dar confianza, armonía, concordia y luchar por una Guatemala, próspera, que sea respetada a nivel e internacional.
La pugna que tiene el Ejecutivo, con el Ministerio Público, es un moustro de mil cabezas y una bola de nieve, que ha crecido en los últimos días, que debe terminar y las partes, el Presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, aceptar la mediación que recomendaron varios sectores del país, que se debe difícil, por las declaraciones de los protagonistas.
La pugna de Arévalo con Porras, no es nueva. La misma tiene su origen, al oficializarse el resultado del proceso electoral y se declaró ganador al actual mandatario, al iniciarse acciones judiciales, con el argumento que el partido Movimiento Semilla, que postuló candidatos presidenciales, diputados y en algunas corporaciones municipales, tenía deficiencias en su inscripción. Jueces se prestaron a la sucia maniobra del ente investigador e intentaron “dar un golpe de Estado” para que el binomio Arévalo-Herrera, no tomara posesión. Frustrándose esas intenciones, por la presión internacional, grupos de etnias de regiones del país y el pueblo, que había votado por la mejor opción que su misión era: terminar con la corrupción, que por años ha sido una epidemia, que ha contaminado a los últimos gobiernos.
La Constitución dice: … El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país… El MP ejerce no ejerce funciones autónomas, es de índole funcional y además autónoma, lo que significa poder disponer de recursos propios, nombrar a sus autoridades, ejercer las funciones que indica la Carta Magna y su Ley Orgánica, pero en ningún momento puede estar fuera de la organización del Estado, mucho menos ser superior a los Organismos que conforman la República de Guatemala.
La autonomía funcional, es el problema de fondo del ente investigador. La citada autonomía es, el conflicto que tiene la fiscal Porras, con el Presidente Arévalo. Es aconsejable que las partes en pugna se reconcilien y se busque una salida amigable, para dirimir ese estira y encoje. Se debe reiterar que el Congreso, le de vida al artículo 14 de la Ley Orgánica del órgano investigador, para que le dé facultades al jefe del Ejecutivo, para reiterar la renuncia o destitución de la Fiscal General Porras, pero el problema de fondo es: la Corte de Constitucionalidad, en resoluciones pasadas blindó a la funcionaria, que no puede ser removida, sin causa justificada.
Ese conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, ha creado una inestabilidad en varias instituciones del Estado, desconfianza e ingobernabilidad, una ingobernabilidad que debe terminar y ahora que hay nuevas autoridades judiciales, se debe hacer acercamientos con todos los entes estatales y el primer paso de armonía y concordia, lo inició Arévalo, al reunirse con el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el Organismo Judicial, Cifuentes, quienes pretenden unir esfuerzos y el mayor acercamientos en todos los entes estatales.
Se debe propiciar un diálogo abierto y cordial entre el mandatario Arévalo y la Fiscal Porras, coordinado por agrupaciones civiles y se invite al presidente de la Corte de Constitucionalidad Vásquez Pimentel, como testigo de honor y se logre un acercamiento, se ponga fin a ese conflicto en bien de la paz, la concordia y la armonía en todos los organismos del Estado, para que haya paz y tranquilidad, antes que finalice el año 2024 y que las partes en controversia se den un apretón de manos y un abrazo de paz y tranquilidad…para Guatemala.
