Las redes familiares y políticas fueron determinantes en la selección y elección de los 156 magistrados titulares y suplentes para las 52 Salas de Apelaciones con jurisdicción en las áreas penales, de mayor riesgo, civil, de familia y laboral en la República, que serán distribuidos por la Corte Suprema de Justicia, en las cabeceras departamentales y en municipios de mayor población, con vínculos de nepotismo que da lugar a dudar de la independencia de los juzgadores, ha originado malestar, desconfianza, en sectores de la población nacional internacional.
Se debe entender el rol importante en la administración de justicia de los jueces de primera instancia y las Salas de Apelaciones, quienes son pieza importante en la iniciación de cualquier acción judicial, con la responsabilidad de responder de acuerdo a derecho, cumplir lo que regula la Constitución, sin sesgos espurios y políticos.
Desafortunadamente, el tráfico de influencias, el financiamiento para elegir a funcionarios públicos, ha sido constante, preocupante, indigno y de rechazo que la política en este evento, vuelta a hacer una pieza clave, cuando por años la administración de justicia, ha sido cooptada por grupos políticos, económicos y familiares, que última instancia se benefician con las sentencias que dictan los tribunales.
Es del dominio público, que Carlos Pineda, presionó a varios diputados para no reelegir a la abogada Juana Solis, como magistrada de Apelaciones, en represalia de la resolución que dictó el Tribunal de segundo grado que presidía, en las acciones que promovió en el Ministerio Público, contra el ex presidenciable. Sin embargo, varios legisladores, lograron su objetivo: el diputado de la UNE. César Fion, familiares suyos fueron elegidos magistrados de apelaciones, Fidel Reyes Lee de Bien, Jairo Flores de la bancada Vos, Joel Ajcip, y otros.
En el proceso de selección de los funcionarios judiciales, se había exigido que cumplirán con el mandato que les da la Comisión de Postulación y se exigió a los diputados que eligieran a los mejores profesionales para dirigir los tribunales de justicia, pero otra vez se vuelve a tropezar con la misma piedra. Es aconsejable que el pueblo, tenga clara convicción y responsabilidad, de monitorear a los funcionarios judiciales, que los juzgadores tengan clara consciencia que deben desvincularse de parentescos familiares y políticos, para administrar justicia.
El Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, ha dicho que serán los diputados los responsables de cómo se va administrar justicia con los nuevos funcionarios judiciales; dijo quede buen fé, sin intereses sectarios y políticos,en bien de Guatemala, demandó la presencia de observadores internacionales en el evento de selección y posterior elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados.
La intrincada influencia de coacción de grupos económicos, políticos y familiares, por años han tenido injerencia en la selección y elección de funcionarios en todas las áreas de la administración pública. El Organismo Judicial, volvió a hacer atrapado y secuestrado por esas mafias de corrupción , desoyendo las exigencias de protestas de grupos que luchan por una Guatemala, con dignatarios dignos, honrados , decentes y no hay que olvidar que en los tribunales de justicia, se sustancian procesos de alto impacto, jueces y magistrados deben de valorizar en sus resoluciones que en toda la resolución prevalece la Constitución y juraron ante el escudo nacional; si actúan en contrario, será el pueblo el que los juzgará y los condenará de por vida.
En análisis de los comisionados, no llenó las exigencias que dice la ley y obviaron comprobar el perfil de los aspirantes, al ordenar la Corte de Constitucionalidad, que la toma de posesión de los administradores de justicia, por ley es, el 13 de octubre, hecho que se cumplió, no hubo prolongación de funciones, como sucedió con en el pasado.
