El Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, su obligación según lo regula la Constitución, tiene como fines especiales otorgar confianza, eficacia y efectividad, en la pronta y cumplida administración de justicia y evitar la mora judicial, que ha sido un mal endémico que por años han tenido los tribunales de todas áreas, penal, laboral y de familia, por la carga de expedientes, la superpoblación y la escasez de personal, en los tribunales de primera y segunda instancia.
Esa mora judicial, en muchas ocasiones tiene interés político, en casos de impacto y mediáticos; el Ministerio Público, es un simple espectador y no actúa para evitar el perjuicio y daños a las partes, su función como dice la carta magna, es ser auxiliar de la administración pública y de los tribunales, cuyos fines principales velar por el estricto cumplimiento de las leyes.
Está en curso, la selección y elección de los futuros funcionarios del Organismo Judicial. Es imperativo que esa entidad sea efectivamente el pilar de la democracia, que sus resoluciones se ajusten a las leyes de la materia, no con interés político. Causó inconformidad a nivel nacional e incluso internacional, la judicialización del proceso electoral del año pasado, al promover el MP. acciones abiertamente ilegales contra el even to eleccionario, desvalorizando la supremacía, que constitucionalmente tiene el Tribunal Supremo Electoral, al abrogarse funciones fuera de la ley e intentar la toma de posesión de los jefes del Ejecutivo.
Es necesario que las nuevas autoridades del Organismo Judicial, que tienen por ley que tomar posesión el 13 de octubre entrante, tengan la misión de una imagen de certeza y credibilidad a esa entidad, que actúe con arreglo a derecho y evitar presiones políticas y espurias.
Ha causado preocupación y malestar la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que por propias pistolas, en violación a la Constitución, acordó no conocer amparos y antejuicios, dejándole esa responsabilidad a los futuros magistrados, según dijo su presidente Oscar Cruz Romero, siendo esto abiertamente ilegal, que obliga de oficio, actuar del Ministerio Público, por incumplimiento de deberes.
Hay casos concretos que por acciones políticas y deleznables, se afecta a las partes: irresponsablemente los magistrados de la CSJ. Fijaron para el 23 de septiembre del 2025, resolver la audiencia en casación del periodista José Rubén Zamora Marroquín, privado de su libertad desde hace más de 2 años como represalia por las críticas que el comunicador hizo en su diario El Periódico, contra el desprestigiado expresidente Giammattei. Uno de los procesos contra el agraviado se elevó en casación al tribunal superior, para que se resuelva en definitiva su situación, posponiéndola por varios meses a sabiendas de que la incriminación que se le hace es política y no tiene sustentación.
Casos como el de Zamora, están apilados esperando sentencia, debido a esa mora que debe terminar y es obligación de los futuros magistrados cambiar la imagen de descredito y desconfianza que por años ha tenido ese organismo. La toma de posesión de próximos jueces, se prolongará, debido a las acciones judiciales que enderezaron los que no fueron incluidos en las nóminas de postulación, dejando esa responsabilidad, al Congreso, que debe acelerar la elección y elegir a los mejores y no por cuestiones políticas para recuperar la confianza en los administradores de justicia.
