La Secretaría de Bienestar Social, adscrita a la Presidencia de la República, debe cumplir con el mandato para que fue creada, no ser un ente burocrático más. Entre sus funciones está dar atención psicológica, de trabajo social y pedagógico en menores en conflicto con la ley e instruir a los padres, cuyos hijos, no tienen atención paternal y por varias circunstancias se vinculan a las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, siendo manipulados por delincuentes adultos con perfil criminal, que los sobornan, muchas veces desde las prisiones, para cometer actos ilícitos, especialmente extorsiones.
Es aconsejable que los funcionarios de dicha entidad tengan visitas constantes en los hogares de los menores en conflictos sociales y contra la ley y en los centros educativos públicos y privados, haciendo consciencia entre el personal educativo y alumnado, para que no se involucren en edad tempana, en actos ilícitos.
Las maras son grupos violentos que surgieron hace más de tres décadas, con la tolerancia e inacción de las autoridades de seguridad, especialmente del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. Si bien es cierto que a muchos se les apresa y se les confina en centros de atención para adultos, al cumplir la mayoría de edad, desde las prisiones ordenan a sus compinches que deambulan en la vía pública, cometer extorsiones en comercios, buses urbanos, extraurbanos y cualquier persona que sale a su paso, despojándoles de su dinero, cometiendo muchas veces asesinatos, quienes se opongan a sus requerimientos.
Si bien es cierto que la Constitución dice que: los menores de edad que transgreden la ley, son inimputables, su tratamiento debe estar orientado hacia la educación integral, no siempre se cumple con esa normativa y de esa cuenta los menores en conflictos con la ley, se involucran en esos grupos que les rentan dinero y se vuelven violentos, y desacatan las advertencias de sus progenitores.
En algunas ocasiones los menores dejan el hogar paternal, cuando sus padres tienen conflicto con su cónyuge o se dedican al consumo excesivo de alcohol y ordenan a sus hijos, una manutención ilegal y los obligan a comprar drogas y a trabajos forzados no acordes a su edad.
En relación a los menores en conflictos con la ley, en fecha reciente causó pavor e indignación, la acción violenta de un menor, que blandiendo un arma de fuego, irrumpió un centro educativo en la población de Colomba, Costa Cuca, Quezaltenango, impactándole un proyectil al alumno Franco Henry Puac Aguilar de 15 años, que se recupera en el hospital Nacional de Occidente, a donde fue trasladado luego de ser curado de emergencia en el hospital de Coatepeque.
El responsable huyó y fue aprehendido 2 días después, está internado en el Centro de Detención para menores Etapa I, de Fraijanes, Guatemala, a espera que un tribunal que conoce acciones de menores de conducta irregular, sea escuchado.
Las autoridades de seguridad atribuyen ese hecho a una venganza entre pandillas. La población de Colomba, Costa Cuca, aseguró el director policial, David Custodio Boteo, en los últimos años, se ha tornado violenta, por la presencia de maras, que antes hacían sus fechorías en Villa Nueva, Guatemala.
Es urgente que las autoridades tengan un trabajo más efectivo, tomando en consideración los derechos humanos y controlen la acción irregular y violenta, especialmente en los menores de edad, que a temprana edad, se involucran en grupos antisociales, muchas veces con la venia y tolerancia de sus progenitores, que también los explotan y los obligan a delinquir y, la Secretaría de Bienestar Social debe y está obligada a jugar el rol, para el que fue creada y dignificar al menor en conflictos con la ley.
