En las últimas décadas el Organismo Judicial y otros tribunales no han cumplido con la norma constitucional y se han plegado a denuncias y sentencias a intereses espurios y políticos, que obliga ahora a los comisionados a seleccionar a los profesionales del derecho que dirigirán la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados y no permitir la reelección de jueces que han actuado fuera de la norma constitucional, que ha originado que a nivel internacional se cuestione a uno de los organismos del Estado -el Judicial-.
La presidencia de las dos comisiones está dirigida por connotados profesionales, quienes han coincidido en decir que son presionados y el tiempo se les acorta. Tienen como meta para presentar los expedientes de los postulantes el próximo 24, para que el Congreso analice la hoja de vida de los futuros magistrados, pero hay dudas de la independencia, objetividad y certeza de los diputados que en los procesos para elegir a los futuros jueces, se pliegan a intereses políticos, por compra y obtener beneficios en los tribunales.
La Constitución establece que los próximos magistrados deben tomar posesión el próximo 13 de octubre, pero hay dudas, en razón que varios de los candidatos a dirigir los tribunales de Justicia, han promovido apelaciones al no ser aceptados por los comisionados. Es censurable que dichas comisiones hayan rechazado a los candidatos a la CSJ, a las prestigiosas abogadas Carol Patricia Flores Polanco y Patricia Elizabeth Gámez Barrera, sin mayores argumentos, a pesar que es notoria la capacidad de las togadas que dicen litigantes, dichas profesionales desde hace varios años, desempeñan judicaturas en la capital y Mixco, respectivamente.
Los comisionados han dicho que rechazarán las denuncias que no estén fundamentadas y con sentencia ejecutoriada y por razón de tiempo, no entrevistarán a los postulantes. Varios de los interesados en dirigir los tribunales han sido tachados por organismos internacionales, al imputarles que sus acciones de investigación o denuncia –de los fiscales y las resoluciones de jueces y magistrados-, no están encuadradas derecho y han pedido exclusión. Si bien esas condenas son de carácter moral, son de honor también y deben ser tomadas en cuenta. La Ley de las Comisiones de Postulación dice que los jueces y magistrados deben tener un perfil de honorabilidad, honradez y capacidad.
Agrupaciones nacionales e internacionales y etnias del altiplano han dicho que este proceso de selección y elección de los futuros dirigentes del órgano de justicia, debe dignificarse y han puesto al descubierto las resoluciones de fiscales y magistrados, casos concretos: del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, privado de su libertad desde hace más de 2 años, de los exfiscales Campos, Laparra y de la abogada González y otros.
En estos días todos debemos estar atentos de la selección y elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados. Que no se repitan los vicios del pasado y hay que tomar en consideración la pugna que han tenido los actuales magistrados del alto tribunal de justicia, con su presidente Oscar Cruz Romero, que ha despilfarrado los fondos del organismo, haciendo compras innecesarias, dando regalos a todo el personal de esa entidad, sin justificación.
El problema para la nominación de los magistrados de ese Organismo es un conflicto de intereses, pues los magistrados son parte, al conformar ambas comisiones, una cuestión que es sino ilegal, porque está regulada en la ley respectiva, es absurda. Es urgente que se reduzcan las comisiones, que están integradas por 37 miembros y cada uno tiene intereses personales, una situación que cae en lo absurdo y hasta inmoral si se quiere ver de esa manera.
