La situación de la aplicación de la justicia en nuestro país tiene varias aristas. La Constitución de la República institucionalizó las Comisiones de Postulación para seleccionar a funcionarios ligados al sector Justicia y actualmente dichas comisiones evalúan el perfil de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados, han excluido a varios postulantes, al no cumplir con los requisitos que exige dicha norma y se exige a los comisionados no reelegir a togados que en su función de juzgadores y fiscales, no han cumplido con lo que indica la carta magna.
Varias agrupaciones han puesto al descubierto la obligación de los comisionados que deben cumplir en seleccionar a los profesionales de mejor perfil y excluir a fiscales, jueces, magistrados y otros profesionales que no llenan los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez y exigen que el proceso sea transparente para que la población sea el mejor juez que los futuros funcionarios del Organismo Judicial, cumplirán con lo que regula la Constitución.
En el proceso de selección y elección de los próximos magistrados de los tribunales, es un evento que no representa credibilidad y certeza, en razón que los comisionados son juez y parte, hay vicios y no hay certeza, al conformar dichas comisiones a magistrados de la CSJ, Salas de Apelaciones, un hecho que colisiona ese proceso, por lo que es necesario que en el futuro proceso, las leyes se reformen y se reduzca a lo mínimo, siendo hasta hoy, 37 integrantes, cada uno tiene intereses personales para seleccionar a las personas más cercanas por vínculos políticos, económicos y familiares.
Los comisionados han dicho que si se impugna a un aspirante que ha sido imputado de la comisión de un hecho ilícito, no aceptarán acusaciones que no estén documentadas o que no tengan sentencia firme ejecutoriada.
Varios de los aspirantes han sido tachados a nivel internacional, especialmente fiscales, jueces, magistrados y sería algo inaceptable que esos funcionarios, sean los que en el futuro administren justicia. El caso de la justicia en el país ha sido diagnosticado de diferentes ángulos y es ahora que los comisionados están obligados para bien de la paz y la tranquilidad, dignificar a uno de los poderes del Estado y deben conocer que si no hay justicia objetiva, no hay democracia, que es el bastión del Estado de Derecho y la paz de un pueblo.
En el curso de estos días las dos comisiones, una vez analizado cada expediente de los postulantes, lo cursarán al Congreso, para que ese organismo, muy desprestigiado proceda a elegir a los futuros magistrados y de esa manera el evento es eminentemente político, porque diputados lucharán por sus allegados, sean los seleccionados, por lo que es aquí, donde todas las organizaciones deben presionar a los legisladores, que cumplan con el rol que les fue delegado y no se presten a juegos sucios, esta vez es obligación de los representantes, que se dignifique un Organismo para administrar justicia, pronta y cumplida.
El tiempo se acorta y los comisionados trabajan contra reloj. De acuerdo con la ley los futuros jueces deben tomar posesión el 13 de octubre próximo, el tiempo se acorta y se da por hecho que extenderán y prolongarán sus funciones los actuales, y los inconformes accionarán en la CC y sucederá la ilegalidad de los magistrados de la Corte anterior y Salas de Apelaciones, que prolongaron sus funciones por más de los 5 años que regula la Constitución, con el descaro que se autorrecetaron una indemnización ilegal de más de doscientos millones de quetzales, un hecho que no debió permitirse, por el hambre y el desempleo que hay en todas las áreas privadas y gubernamentales.
