La Constitución de la República, le otorga funciones específicas al Ministerio Público, que es un ente auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas y debe velar por el fiel cumplimiento de las leyes, actuar con decoro, dar certeza, confianza, credibilidad y estar apartado de vínculos políticos, ceñirse a lo que regula la Carta Magna y su Ley Orgánica.
En la administración de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Maria Consuelo Porras Argueta, que fue nombrada en primer período de gestión por el expresidente comediante Morales y en su segundo mandato por el mal recordado exgobernante Giammattei, antes y después del proceso electoral, donde se declaró electo a Bernardo Arévalo de León, por consignas políticas o recomendaciones de quienes la nombraron, inició una cacería jurídica contra al jefe del Ejecutivo y sus allegados, haciéndoles imputaciones sin base legal, como una represalia, según dicen los dirigentes del grupo político que apadrinó la candidatura presidencial del actual gobernante, promovido hasta ahora cuatro acciones de antejuicio, más de índole políticas que jurídicas, donde el Organismo Judicial, que jueces corruptos se han prestado al juego sucio politiquero del ente investigador.
A la Comunidad Internacional, al pueblo y al gobierno de Arévalo, sorprendió la solicitud de antejuicio contra el mandatario Arévalo, por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad José Rafaél Curruchiche Cucul, aspirante a una magistratura de Apelaciones, al sindicar al gobernante hechos que no tienen sustentación legal, de:abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias a la Constitución en el caso denominado B410, denunciado por la SAT,al incriminarle al mandatario que autorizó pagos millonarios a varias empresas constructoras.
Arévalo de León rechazó de plano la criminalización política que le hace el MP y dice que es una represalía por las acciones que ha emprendido contra los corruptos y lamenta que algunos jueces, se plieguen ilegalmente a las denuncias politiqueras que le hace el MP y exhorta a los administradores de justicia, que actúen con arreglo a derecho, que no se presten a esas denuncias que no tienen sustentación legal y espera que el pueblo se pronuncie, porque está consciente que no ha actuado fuera de la ley.
Los diputados oficialistas se unieron al rechazo del mandatario y han promovido acciones por varios delitos contra el jefe de la FECI, Curruchiche, y le imputan varios hechos, que con objetividad e imparcialidad deben conocer los juzgadores y sentar un precedente que garantice certeza jurídica y credibilidad.
El Ministerio Público y todos sus funcionarios deben ser garantes del Estado de derecho y no prestarse a juegos políticos y actuar dentro del mandato que les asigna la Constitución y ser fieles en la confianza que les ha otorgado el pueblo y nadie es superior a la ley.
