La furia de la precipitación pluvial ha causado destrozos en la red vial del país. Las vías de comunicación han sido las más afectadas, al colapsar puentes y las principales carreteras, que ha obligado al gobierno a echar mano a los pocos recursos y reparar las vías que se han destruido, para facilitar el tránsito de la mercadería que ingresa a los puertos y de los productos de la canasta básica, que se cosechan en el área rural, que han subido de precio, perjudicando la canasta básica y el presupuesto familiar.
Los últimos tres gobiernos han sido cómplices de la crisis vial y no darle mantenimiento a las carreteras y reparar los puentes dañados, siendo responsabilidad directa la de los regímenes de Otto Pérez Molina, con el titular de esa cartera, Alejandro Sinibaldi; en la administración de Jimmy Morales, con Benito Ruiz que fue procesado por corrupto; y en la administración de Alejandro Giammattei, con Javier Maldonado, que se dedicaron a saquear los fondos del Micivi y no realizaron las reparaciones de la red vial que con la agresiva época lluviosa, colapsaron puentes y carreteras con grandes socavones. Los árboles se derribaron dejando aislados varios poblados, afectando por consiguiente, la economía nacional.
La reparación de la red vial llevará mucho tiempo y ha dejado aislados a varios poblados, víctimas humanas, al ser atrapados por la furia de la naturaleza. El recién nombrado ministro de Comunicaciones Félix Alvarado, que ha visitado las áreas afectadas ha sido testigo de los daños que ha causado la precipitación pluvial, y ha demandado en el Congreso, una asignación presupuestaria millonaria para hacer los arreglos en las vías dañadas, que necesitan sean reparadas a fondo con nuevas técnicas y no simples «chapuces», como ha sido normal en los gobiernos anteriores.
El sector privado de alguna manera ha sido cómplice del impacto económico que sufre el país, han aprovechado el daño vial para incrementar los productos que transportan sus unidades y que se han visto obligados «dicen» a incrementar el valor del transporte, porque se han quedado varadas en las áreas afectadas. Lo cierto es que los comerciantes nunca pierden y trasladan al consumidor final las supuestas pérdidas que dicen tener, afectando de esa manera, la economía del guatemalteco, y deberían de colaborar en la reparación de las vías afectadas por la precipitación pluvial.
Que la crisis no siga afectando más el exiguo presupuesto hogareño. Los salarios se mantienen sin ser incrementados, tanto en el gobierno, como en la iniciativa privada y otros sectores de la población. Se espera que el gobierno de Bernardo Arévalo, acelere la reparación de las carreteras y los puentes dañados y que los diputados sean conscientes y procedan a erogar los millones que se necesitan para hacer las reparaciones y que duren años y no se destruyan para no seguir afectando más al transporte comercial o privado y que la DIACO, no sea un ente burocrático y cómplice de los comerciantes que ilegalmente han elevado los productos básicos, afectando el bolsillo de aquellos hogares que hacen malabares para que su presupuesto alcance y no afecte a su familia. El gobierno emitió el decreto de estado de calamidad, para acelerar la reparación vial, lo cursó al Congreso, para sancionarlo y cobre vigencia inmediatamente, una vez se publique en el diario oficial.