El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y por consiguiente, no está supeditado a órgano alguno del Estado, dice claramente la Ley Electoral y de Partidos Políticos de rango constitucional y dicha ley tiene plena vigencia y no ha sido reformada. En las elecciones generales del año pasado, dicha ley se violentó y se judicializó, violando claramente lo que dice la Constitución y la ley que regula todo proceso comicial.
El sistema democrático en esos comicios se vio severamente afectado. La comunidad internacional, etnias y sectores de prestigio, adversaron las acciones ilegales del Ministerio Público, del Organismo Judicial e incluso por las resoluciones espurias de ciertos sectores asociados del expresidente Alejandro Giammattei, violatorias a la carta magna y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
El órgano electoral declaró válidas las elecciones municipales, con excepción en aquellos municipios donde hubo irregularidades, así como diputados al Congreso y al insípido e inoperante Parlamento Centroamericano.
En la segunda vuelta electoral, a pesar de que la mayoría de ciudadanos votaron por el hoy presidente César Bernardo Arévalo de León, se abrió una pugna entre los inconformes e intentaron evitar la toma de posesión del hijo del mejor presidente que ha tenido Guatemala, en su era democrática Juan José Arévalo Bermejo y se intentó dar un “golpe de Estado” para evitar la toma de posesión y fue la comunidad internacional, grupos indígenas y democráticos, que se pusieron al frente y evitar la torpeza del MP, que según el hoy gobernante, fue la entidad que se asoció con los opositores para evitar la toma de posesión.
El proceso electoral se cerró desde el día en que el Tribunal Supremo Electoral, dio por válidas las elecciones de la primera y segunda vuelta electoral. Pero provoca descontento las acciones ilegales del Ministerio Público, que ha tenido una guerra irracional contra los dirigentes del Movimiento Semilla, que fue el partido que postuló como candidato presidencial a Arévalo, y a Karin Herrera, como vicepresidenta.
A pesar de que el proceso electoral se cerró, el Ministerio Público, inició una cacería contra los dirigentes de Semilla y actualmente hace investigaciones fuera de lugar y abrió proceso judicial, contra varios empleados del órgano electoral, especialmente contra los de informática en torno al uso del programa informático y solicita se les procese por supuestamente una serie de irregularidades de los datos en las mesas receptoras de votos.
Desafortunadamente, los jueces apadrinan las acciones ilegales e inconstitucionales del Ministerio Público. Qué es lo que se pretende ahora, si el proceso electoral oficialmente ya se cerró y una sentencia de la cuestionada CC dio por válida la toma de posesión de Arévalo y Herrera, que desde el l4 de enero están desempeñando el cargo, entre luces y sombras y la presión de ciertos sectores, especialmente de los diputados reelectos que conformaron la novena legislatura, dirigidos por el expresidente de ese organismo Allan Eduardo Rodríguez Reyes y sus asociados, que tratan de bloquear lo que hace el ejecutivo.
Desafortunadamente, los congresistas de Semilla, no tienen liderazgo ni bancada, al señalar que el partido está suspendido, en investigación y temen su cancelación.
