Walter Juárez Estrada

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Los diputados son representes del pueblo y dignatarios de la nación, tienen irresponsabilidad por sus opiniones, dice la Constitución y  el derecho de citar a funcionarios de gobierno e interpelar a ministros, hechos que han sido comunes en todas las legislaturas, pero se abusa de ese derecho, que conlleva en la mayoría de los casos, obtener ventajas, beneficios económicos y políticos y poner en ridículo al burócrata, cuando éste no obedece sus requerimientos.

Esas citaciones e interpelaciones tienen un fin político y los representantes que no están asociados al gobierno de turno, motivan las citaciones a los funcionarios y ministros, cuando no obtienen ventajas. Ha sido una constante en todos los regímenes y ahora en la actual legislatura, no  recibir prevendas del presidente Bernardo Arévalo, que ha sido severamente drástico en no ser manipulado por los representantes de la 9ª. legislatura en el pasado proceso  se reeligieron y  perdieron las elecciones el año pasado.

Se conoce según registros que tiene el Congreso,  en lo que va del año, los diputados que dice son de la oposición y sus aliados, han citado nada menos y nada más setecientas treinta y cinco citas a varios funcionarios del gobierno y ministros, quienes los cuestionan sobre su labor y otros detalles que son ridículos y que lo hacen con el objetivo de presionarlos para obtener ventajas económicas, plazas en el Estado de sus allegados , situación que para algunos, es normal,pero es un hecho que no debe seguir, porque se pone en ridículo al borócrata y por supuesto, al legislador que no logra su objetivo.

Esas citaciones es un desgaste que debe corregirse y si algún legislador tiene sospechas de algún hecho ilícito, que recurra ante los órganos respectivos y se sancione al imputado y es cierto la sindicación o denuncia que el interpelante hace. Esas citas son un desgaste político para el que convoca y el que asiste a los cuestionamientos.

Para los próximos días están citados para ser interpelados los ministros de Gobernación Francisco Jiménez Irungaray, a quien se le cuestionaba por la crisis irresoluble en el corrupto Sistema Penitenciario y el incremento de la violenta en todo el país, que ha dejado innumerables víctimas; el canciller Carlos Martínez,quien será severamente cuestionado por la ex ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Jimmy Morales, Sandra Joviel por el voto de Guatemala, en  la ONU a favor del Estado de Palestina y que queda cancelada la interpelación de Oscar Cordón, quien dimitió del cargo, de ministro de Saluda Pública, aduciendo motivos   de salud.

La ley regula que dos días antes de la interpelación, se envía al funcionario las preguntas que deberá responder, en el hemiciclo, cualquier diputado tiene el derecho de repreguntar al interpelado y el fondo  es, ridiculizarlo sino responde con claridad las respuestas. De ser así y no satisfacer al legislador, éste puede pedir al pleno un voto de falta de confianza y si lo logra,el cuestionado funcionario, está obligado según la ley, a renunciar, de no hacerlo el Presidente de la República, tiene la potestad legal de removerlo, casos como éstos hasta el momento en los  gobiernos no se ha dado.

Los diputados están divididos y la bancada del Movimiento Semilla, no tiene hasta ahora un líder y la coalisión que habían logrado al inicio del gobierno de Arévalo, se desmoronó y cada diputado actúa a su conveniencia política, como lo hace el dos veces presidente de ese organismo en la legislatura anterior  Allan Eduardo Rodríguez Reyes, que obedece consignas de los dirigentes del Partido Valor, que fue destronado en las elecciones generales.

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