Todos los seres humanos son libres en igualdad y derechos. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, dice la Constitución. Causó revuelo la sorpresiva destitución de Jazmín de la Vega, como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que para muchos entendidos, estaba haciendo una excelente labor, quien al asumir el cargo, se sorprendió de la acción inhumana de varios funcionarios del Micivi, que obligaban bajo amenaza de destitución a las empleadas a tener sexo, hecho que hasta ahora esta en investigación del Ministerio Público, donde la funcionaria hizo la denuncia y pidió severo castigo contra los responsables de esa trata.
Y es lamentable que el Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, no se haya pronunciado en torno a la denuncia de de La Vega y que hasta ahora los imputados por la exministra, no se les formule una denuncia y reparen el agravio a las víctimas. La exfuncionaria aseguró que por más de 25 años laboró en esa cartera y conoce a profundidad sus debilidades y las acciones corruptas de los ministros que le antecedieron, hicieron negocios espurios con varias empresas constructoras.
En el gobierno del fallecido expresidente Álvaro Colom, se promulgó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Tratas de Personas, al tener conocimiento el exmandatario el trato que algunos funcionarios y del sector privado, amenazaban a sus empleadas que si no accedían a sus requerimientos sexuales, serían destituidas. Casos concretos se denunciaron, pero por ser un hecho donde se pone en peligro la vida íntima de la agraviada, se quedan en simples denuncias, en razón que las ofendidas prefieren callar y no ser blanco de críticas entre sus familiares y amistades.
La relacionada Ley indica que se crea la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y señala taxativamente cuáles son las funciones de dicha entidad, para proteger desde luego a las personas que son víctimas de la trata, en el sector público y privado. Se espera que el Ministerio Público, ahonde en las investigaciones y los responsables reparen el daño causado y se dé a conocer cuáles son esas acciones inhumanas contra el sexo débil.
De la Vega aseguró que los imputados fueron removidos, pero se abstuvo de revelar su identidad. El ex ministro de esa cartera, Javier Maldonado, adelantó a decir que él –supuestamente ignoraba esa situación-. Pero allegados suyos, dieron por hecho que el relacionado estaba enterado de lo que ocurría con las damas que laboran en todas las dependencias del Micivi. Y debe responder por esa situación. El Código Penal claramente regula las penas de prisión que se deben imponer a los responsables e indemnizar a sus víctimas que de por vida quedan marcadas con su reputación.
El artículo 13 de dicha ley regula entre otras cosas… ”Presentación de denuncia. En los casos de sospecha o confirmación de la amenaza, restricción o violación de cualquier derecho establecido, debe ser comunicado o denunciado inmediatamente ante las autoridades administrativas y judiciales y la denuncia podrá ser presentada bajo reserva de confidencialidad…”.
Reiteramos que el Ministerio Público cumpla y proceda con arrecho a derecho y con la investigación que está obligado a realizar, a promover las denuncias en los tribunales, para que el caso sea un antecedente que a la mujer que trabaja en el estado y en las entidades públicas, no se le debe someter a esa humillación, bajo la consigna que si no accede, será removida.
