Grupos de poder están atrás de prolongar las funciones de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, que por ley tienen que entregar sus despachos el 13 de octubre entrante. Prolongar las funciones de los togados es inconstitucional y seria a decir de expertos en materia constitucional “un Golpe de Estado técnico” que obliga al guatemalteco a evitar una acción de esa calaña y un marcado retroceso al Estado de derecho que en los últimos años, ha discurrido en una nebulosa de desconfianza, por las acciones espurias y politiqueras del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Cinco amparistas han promovido acciones en la Corte de Constitucionalidad, con frívolos argumentos que no están regulados en la Carta Magna, argumentan que el Congreso, emitió el acuerdo legislativo, para integrar las Comisiones de Postuación, y a decir de los recurrentes, el acuerdo de marras adolece de legalidad y tiene errores de redacción. Las cinco acciones están en contra del Organismo Legislativo y demandan que los actuales magistrados del Organismo Judicial, deben seguir en sus cargos por cinco años y entregar hasta 2029.
Esta pretensión no solo es política sino va en contra de lo que indica la Carta Magna, en su artículo 208, que claramente indica ”que duran en sus cargos cinco años con derecho a reelección. Los actuales magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, tomaron posesión en noviembre del año pasado, para completar el período de los anteriores togados, que por decisión de la 9ª. legislatura que formó el grupo de corruptos, permitió la prolongación de funciones de los magistrados por cuatro años más, violando la Constitución.
Altos representantes de la Unión Europea, que estuvieron en Guatemala, encendieron las alarmas, diciendo que existen grupos que pretenden ilegalmente prolongar las funciones de los relacionados magistrados y que ello constituiría un agravio para el Estado de derecho y llamó a la reflección a los diputados y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que actúen apegados a la ley y no se dejen sobornar por ciertos grupos que quieren violentar el Estado de derecho y causar un tremendo impacto en la aplicación de la justicia en Guatemala, que para desfortuna de los honrados está por lo suelos, con magistrados y jueces corruptos, que resuelven a conveniencia política o por sobornos de ciertos operadores que que en el pasado y en los actuales momentos, quieren elegir a abogados corruptos como magistrados del más alto tribunal de justicia.
Se espera que la CC rechace de plano las cinco acciones interpuestas y que cuando se le corra audiencia al MP y a la Procuraduría General de la Nación, tales entidades se pronuncien en contra, porque es un atentado a la Constitución y daría lugar a que el pueblo se levante con razón y serían los magistrados del máximo tribunal Constitucional, responsables de lo que suceda si acceden a esa sucia y asquerosa maniobra de abogados que son sobornados por los mismos corruptos de siempre que pretenden manejar la justicia a su conveniencia y que el sistema siga peor como ahora.
En relación a la renovación del Organismo Judicial, los presidentes de los tres poderes del Estado, coincidieron en decir que se debe respetar la renovación como indica la Constitución y debe prevalecer el Estado de derecho, para que hay y concordia en Guatemala.
