La violencia sentó sus bases, después del conflicto armado. Los gobiernos de los últimos años no han cumplido con lo que señala la Constitución, que indica que es, deber del Estado, proteger a la persona y a la familia. Hasta ahora, la violencia le ha ganado la partida a las autoridades de seguridad. Los crímenes en los últimos meses, han rebasado las estadísticas y se hace necesario que las fuerzas de seguridad, cambien su rol y actúen con la mayor drasticidad, desbaratando a los antisociales, que se valen de cualquier argucia para extorsionar y presionar a familias, para que cumplan con sus requerimientos. No hacerlo es una sentencia de muerte anunciada.
Estos grupos de antisociales, se han conformado de familias muchas veces desintegradas. Los gobiernos, en los últimos cuarenta años, es muy poco o nada que han hecho para tener un control de los delincuentes. Si bien es cierto que se captura a los responsables, estos en los centros de reclusión, se organizan y desde las prisiones extorsionan a sus víctimas y en algunas ocasiones tienen la complicidad de las autoridades del Sistema Penitenciario, que les permiten actuar con libertad, mediante sobornos o amenazas.
Es aconsejable que el Congreso, haga una revisión a fondo de los códigos penal y procesal penal, para que tribunales dicten severas condenas contra los delincuentes. Ahora nadie está seguro en la vía pública o en su hogar. Los hechos de sangre han dejado hogares desintegrados. Las poblaciones del departamento de Guatemala. Mixco, Villa Nueva, entre otras, los hechos de sangre se registran con frecuencia.
Las maras Salvatrucha, que es una imitación a los delincuentes salvadoreños y del Barrio 18 entre otros, están organizados y si bien en algunas ocasiones se captura a los líderes, estos logran muchas veces salir libres, al no demostrar el Ministerio Público, la imputación o bien porque las víctimas por temor a no ser asesinadas, no ratifican en los tribunales las denuncias.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez Irungaray, y el director general de la Policía Nacional Civil, el comisario Boteo, no son desconocedores del tema de seguridad. El actual jefe de la cartera del interior, en gobiernos pasados, ocupó esa plaza y tiene experiencia en el ramo de seguridad, y por esa razón se le demanda que organice las fuerzas de seguridad, para controlar el crimen organizado y minimizar los hechos de violencia que se registran a diario no solo en la capital, sino en toda la República.
Hasta hoy, no se ha podido determinar, quién o quiénes son los que proveen de armamento a los criminales, que han llegado al extremo de usurpar a los agentes de seguridad, con uniformes similares a los que utiliza la Policía Nacional Civil. La población está insegura y teme no retornar a su hogar, al ser atrapados por los delincuentes, que se valen de cualquier argucia, para agenciarse de elevadas sumas de dinero y utilizan a menores, para sus acciones delictivas, y quien no acceda a los requerimientos es una víctima más, de los antisociales.
El gobierno del Presidente Bernardo Arévalo, una de sus grandes promesas de su gestión es combatir la corrupción y la violencia, que tiene contra la pared a la población, que exige la presencia policial en varias zonas consideras de ser áreas rojas, donde los crímenes se registran a diario, dejando a familias en una desgracia total, al perder al jefe de la familia que es atrapada por la delincuencia que en los últimos años se ha crecido dejando cifras elevadas de víctimas.
