El Organismo Judicial es uno de los organismos que conforman el Estado de Guatemala, con plena autonomía y se rige por la Constitución y leyes específicas y está integrado por la Corte Suprema de Justicia, con 13 magistrados, que son elegidos por el Congreso por 5 años con derecho a reelección. La independencia económica de dicha entidad está regulada en ley y los ingresos son suficientes para satisfacer sus necesidades y no requiere la ayuda económica, transferencias de los organismos Legislativo y Ejecutivo.
Resultado de la independencia económica del relacionado organismo, hay un marcado abuso de la 8ª. magistratura de la CSJ que por la irresponsabilidad de la Legislatura anterior, que presidieron los diputados Allan Rodríguez y Shirley Rivera, prolongaron sus funciones por más de 4 años, desacatando la sentencia de la anterior Corte de Constitucionalidad, que ordenó la elección de los togados de viva voz y voto razonado, lo que originó mayúscula inconformidad en todos los sectores de la población y que entregaron sus magistraturas el pasado noviembre, cometieron una aberrante ilegalidad al recetarse 9 de los 13 magistrados, una indemnización millonaria nada más y nada menos de VEINTIDÓS MILLONES DE QUETZALES, siendo la más beneficiada la expresidenta Silvia Patricia Valdés Quezada, con más de tres millones y los 8 magistrados con un monto que llega a igual cantidad.
Los funcionarios de ese organismo son elegidos para un período determinado. No regula ninguna ley, tratado o acuerdo que norme que al cesar en sus funciones, tienen el derecho de recibir un millonario aporte económico. Es por supuesto no solo un abuso, sino un robo descarado a mansalva ese beneficio, cuando el país por la corrupción en los últimos gobiernos, ha estado en crisis económica, especialmente en los ministerios de Salud pública, donde los hospitales nacionales, han denunciado desabastecimiento de medicinas, igual que el de Educación y otras instituciones estatales.
Esos millones que les fueron otorgados a los exmagistrados de la CSJ desfinanciaron los fondos del OJ para crear más tribunales y terminar con la excesiva mora judicial que perjudica a litigantes y usuarios. Y como si fuera poco, los magistrados de ese alto Tribunal, tienen asignados asesores o letrados para que les hagan el trabajo y ellos, se dedican solamente a firmar o hacer observaciones en los autos, sentencias y acciones que se elevan al más alto tribunal de justicia. Y aún hay más: tienen a su servicio, seguridad, vehículos para su transportación, gozan de otros beneficios, deliciosas viandas en el almuerzo o de los restaurantes de primera línea, seguro de vida y otros.
En el futuro el Congreso debe emitir una ley, que evite esos abusos, sin violar por supuesto, la independencia judicial. Pero esos abusos no solo han sido en el Organismo Judicial, sino en otros entes como la Corte de Constitucionalidad y es aconsejable que el pueblo se pronuncie y se conoce que la exmagistrada Blanca Aída Cahal Dávila (Stalling), que por 5 años estuvo separada del cargo, al imputarle tráfico de influencias, logró que le pagaran su salario en ese tiempo siendo beneficiada por varios millones. Esos hechos deleznables y abusos no deben permitirse.
