El proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados, es un evento eminentemente político. En última instancia los diputados los eligen, para un período constitucional de cinco años, con derecho a reelección.
Si la ley de las comisiones de postulación no se reforma, el procedimiento será el mismo, con serios vicios y vinculación política, como sucedió en la magistratura anterior de la CSJ al prolongar sus funciones por más de cinco años los magistrados del alto tribunal y las salas de apelaciones, al no cumplir el Congreso, con la sentencia de la 8ª. magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó a los diputados que la elección fuera de viva voz, con voto razonado, lo que dio origen que jueces y magistrados se plegaran al gobierno de Giammattei y a las decisiones espurias y políticas del Ministerio Público, que intentó dar un golpe de Estado e impedir la toma de posesión del hoy presidente de la república Bernardo Arévalo de León, al judicializar el proceso electoral de los comicios de junio y agosto, que generó inconformidad en la comunidad internacional y en los guatemaltecos.
La Constitución dice la calidad que deben tener los jueces y magistrados: ser de recocida honorabilidad y méritos profesionales. Desafortunadamente esos requisitos no se cumplen como ocurrió en la magistratura anterior, donde los diputados de los extintos partidos Patriota y Lider, eligieron a dedo a los togados, y no se tomó en cuenta, la capacidad y la honorabilidad y la gradación al momento del evento y la injerencia de operadores políticos. Uno de ellos Gustavo Alejos, quien fue secretario privado de Pérez Molina.
La mayoría de profesionales del derecho con una hoja profesional de primera línea y honradez, no se postulan para esas magistraturas, conscientes que todo está cocinado para beneficiar a los aspirantes con vinculación política y con grupos de poder económico.
El presidente Arévalo, consciente de los antecedentes que se han tenido en procesos anteriores para seleccionar y elegir a los magistrados de las Cortes, ha pedido el acompañamiento en el proceso de la OEA y aclaró que no es una intervención, como erróneamente lo han dicho sus adversarios políticos.
Los 32 comisionados deben evaluar las hojas de vida de los aspirantes, tomando en consideración imparcialidad, rechazar sobornos y reivindicarse. Se conoce que los candidatos a esas magistraturas han iniciado acercamientos con diputados y políticos ofreciéndoles dinero. Uno de esos operadores por años ha manipulado el proceso de elección a las Cortes, el ex rector de la USAC Stuardo Gálvez y el exdiputado Carlos López Villatoro, conocido como el “rey del tenis”, que ha generado dudas y malestar entre los profesionales con una hoja de vida, sin tachas pretenden postularse y cambiar la imagen deteriorada que por años ha tenido el Organismo Judicial y otros entes vinculados con el sector justicia.
Tanques de pensamiento, la sociedad civil, deben seguir de cerca el proceso de selección y elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados. Exigiendo que el proceso de gradación y entrevistas de los postulantes, sean públicas y se denuncie la injerencia de políticos y aquellos grupos económicos que presionan a los comisionados y diputados. Llegó el momento que el Organismo Judicial se reivindique y no sea una entidad corrupta como lo fueron los magistrados que por más de cuatro años prolongaron sus funciones y salieron archimillonarios por las transas ilegales que hicieron y presionaron a jueces para enjuiciar a comunicadores sociales y periodistas que denunciaron la corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei y sus compinches. Guatemala merece un destino mejor y el nuevo gobierno debe dar muestras que cumplirá con combatir la corrupción y desarticular el pacto de corruptos. El Congreso debe convocar a la Comisión de Postulación e iniciar el proceso de selección de los magistrados.
