Nadie es superior a la ley, sea de cualquier rango. La ley se hizo para que gobernantes y gobernados la respeten y nadie la puede ignorar. No es lanzar una moneda al aire: cara o cruz. Quien quebrante las leyes, debe ser sometido a la justicia y negarse por su condición de funcionario, la situación se le revierte y debe someterse a los tribunales y resolver su situación jurídica y por prepotencia, arrogancia o berrinche, la situación se le complica.
La Corte Suprema de Justicia y el Congreso están constituidos para que la ley se cumpla. Tienen una braza caliente y están a una presión de 180 grados. El máximo órgano de justicia, con arreglo a derecho y haciendo fiel aplicación a lo que norma la Constitución, debe resolver si es admisible la solicitud de antejuicio contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, promovida por el Procurador General de la Nación, en nombre del Gobierno, al sindicarla de “incumplimiento de deberes” al abandonar el pasado 29 de enero, la junta de gabinete que presidía Bernardo Arévalo, con el argumento que se “sentía incómoda” …
El artículo 419 del código penal dice ”Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehúse o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo”. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial.
El Organismo Judicial, en los últimos años, varios jueces se han plegado al pacto de corruptos y han violado la Constitución, resolviendo por presiones políticas a favor o en contra de los sujetos procesados, especialmente contra aquellas personas que no se prestaron a hacerle el juego al expresidente Giammattei, que en gestión cooptó todos los organismos del Estado, que resolvieron a su conveniencia, entre ellos el MP.
La querella contra Porras es la primera y se duda la imparcialidad de la CSJ y de resolver si ha lugar a formación de causa contra la funcionaria y se pone a prueba a los diputados que de acuerdo con la ley, el citado Organismo, debe elegir a la comisión pesquisidora, que debe recopilar las pruebas de cargo y descargo y correr audiencia a los sujetos procesales y será el pleno con 107 diputados, que debe resolver, pero se duda por la presión que han hecho los legisladores del pacto de corruptos, que no están en consonancia con la actual junta directiva.
La actuación que ha tenido Porras, con este gobierno, no está acorde con su función, lo que regula la carta magna y la Ley Orgánica del MP y ha sido imputada por Arévalo, de haber propiciado un autogolpe de estado y evitar su juramentación que la funcionaria niega y dice que su deber es cumplir con la ley.
En el supuesto caso que se despoje de su inmunidad a la relacionada, no se quedará de brazos cruzados y recurrirá en última instancia a la CC cuyas resoluciones han sido mezcladas con la política y no ha cumplido con lo que regula la carta magna. De lo que resuelvan los citados organismos, el pueblo debe estar atento y de resolver lo contrario, serán responsables de lo que pueda suceder, y da lugar a protestas, que la tranquilidad que ha habido en estos días, se violente… Ojalá que eso no suceda…
