El Ministerio Público, ha estado en los últimos meses en el ojo de la población y la comunidad internacional, en reiteradas ocasiones se le ha pedido a la fiscal General María Consuelo Porras Argueta, sus auxiliares y jueces, su destitución o renuncia y no han prosperado en la Corte de Constitucionalidad las acciones de ciudadanos y abogados, que han pedido su remoción o dimisión. Pero la cuestionada jefe de la investigación penal, se escuda en la Constitución y su Ley Orgánica, al asentar que la entidad que dirige es “autónoma” y no está sujeta a ninguna entidad.
La Constitución dice que, el Ministerio Público, es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, cuyos fines son velar por el estricto cumplimiento de las leyes…Sin embargo, lo relacionado a la “autonomía” de la referida entidad es relativa, pues el presupuesto para su funcionamiento, pago de personal y mantenimiento, es autorizado por las autoridades respectivas, o sea que su autonomía es relativa y es únicamente para ser efectivamente auxiliar de los tribunales, como norma la carta magna y es nombrada o nombrado, por el presidente de la república de la nómina de 6 que le envía la Comisión de postulación, previo a ser calificados si son idóneos y honrados.
La abogada Porras Argueta, fue nombrada inicialmente por el ex presidente Morales y para un segundo período por el ex mandatario Giammattei, con quienes tuvo una estrecha relación con quien se reunía a igual que con Morales, dos y cuatro veces al mes, recibiendo instrucciones de los mandatarios de cómo debería realizar su trabajo, a quien acusar, especialmente contra aquéllas personas que eran severos críticos con la labor del impopular Giammattei.
A la fiscal General, se le ha cuestionado y censurado por su marcado parcialismo en varios procesos, especialmente en las acciones que emprendió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, al promover demandas en los tribunales contra funcionarios Electorales, políticos , hechos que los adversarios consideraron que eran ilegales, porque cualquier acción en materia electoral, la única entidad que tiene potestad para accionar en un proceso electoral, es con exclusividad el órgano constituido para el efecto, el Tribunal Supremo Electoral.
La señora Porras, funcionarios del mencionado ente, jueces, diputados, empresarios, funcionarios y políticos, están en la lista negra de organismos internacionales, se les ha congelado los fondos en el extranjero y tienen vedado viajar a Europa y a Estados Unidos, acción que los imputados aseguran que es ilegal, porque no se les ha dado el derecho de defensa y que las imputaciones que se le hacen son espurias y políticas, argumentan.
Se espera que en su momento las aguas entre el ejecutivo, el Ministerio Público y los jueces corruptos, se calmen y se encuentre una salida para bien del país, pues no es posible, esos jalones y distanciamientos entre esas entidades, van en contra de una pronta y cumplida administración de justicia y hasta hoy, está en el limbo, si Porras, José Rafael Curruchiche Cucul, y varios jueces, dejan el cargo. Será el tiempo el que diga quién tiene la razón. Pero no es aconsejable que una entidad que debe privilegiar por la persecución penal y ser auxiliar de los tribunales, discurran entre luces y sombras y con la inconformidad de miles de guatemaltecos y la comunidad internacional.
