Hasta ahora, no hay ninguna variante que impida que los electos en los comicios de junio y agosto, tomen posesión. Todo el ceremonial diplomático está preparado para que el 14 de enero, como dice la Constitución, asuman sus cargos por un período de cuatro años, luego que la Corte de Constitucionalidad, resolvió con lugar las acciones de abogados, grupos indígenas y se ofició al Congreso, para que cumpla con lo que dice la carta magna, de presentarse alguna acción para impedir que César Bernardo Arévalo y Karen Herrera Aguilar, asuman el mando, quedan disipadas las dudas de un supuesto fraude por la judicialización de las elecciones impulsadas por el Ministerio Público, que en estas elecciones se politizó, que obligó a organismos internacionales hacer advertencias severas contra el MP.
Este proceso se desarrolló entre luces y sombras, en una nebulosa de desconfianza, luego que en la primera ronda electoral, sorprendieron los candidatos presidenciales del partido Movimiento Semilla, que en las encuestas no aparecían en los primeros lugares, luego que el Tribunal Supremo Electoral, no autorizó la candidatura presidencial de Pineda, que de ser un descosido en ámbito político, punteaba como el futuro presidente, sin tener capacidad y se rechazaron las candidaturas presidenciales de los aspirantes Roberto Arzú, Thelma Cabrera y del vice presidenciable – ex procurador Jordán Rodas y de los candidatos a diputados el expresidente Alfonso Portillo y Manuel Baldizón.
La sorpresa de las elecciones de junio donde salieron triunfadores Arévalo y Herrera, los perdedores coaccionaron al Ministerio Público, que en clara violación a la Ley Electoral y a la Constitución, por la orden que giró un juez penal incautó ilegalmente la documentación electoral en el parque la Industria y días después los vientos allanamientos con lujo de fuerza en el Registro Electoral y las oficinas centrales del Tribunal Supremo Electoral, con el frívolo argumento que se denunciaba un supuesto fraude que el candidato de Semilla, dijo que se fraguaba un supuesto golpe de estado, para impedir su toma de posesión.
Las acciones espurias y politiqueras del Ministerio Público, dieron origen a la reacción de los organismos internacionales, la OEA, la ONU, y gobiernos donde Guatemala tiene relaciones diplomáticas y comerciales, que han jugado un papel histórico, a igual que los grupos indígenas del occidente, que desde agosto se mantienen acantonados frente a las oficinas del MP y han realizado marchas de protesta exigiendo la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, de fiscales y del juez corrupto Fredy Orellana, que en violación a la Constitución y la Ley Electoral, intentó ilegalmente judicializar las elecciones y ha tenido el descaro de no dimitir, pese a que reiteradamente se le ha demandado su dimisión.
Arévalo ha atenido una connotación que debe quedar grabada para los futuros gobernantes; acercamientos personales con presidentes y organismos internacionales, que reiteradamente le han ofrecido su apoyo, solidaridad, en desacuerdo con las acciones judiciales y se han manifestado que la CC. con el fallo dio vía libre y no hay hasta hoy, ningún obstáculo para que los nuevos gobernantes, diputados y alcaldes, asuman el cargo que el pueblo les designó dentro de un proceso libre y trasparente, observado a nivel internacional.
Se espera que los nuevos jefes del ejecutivo designen a ministros y funcionarios de primera línea, con su hoja de vida, honradez y capacidad y que efectivamente cumpla con terminar con la corrupción que ha sido por años la piedra angular que han manchado a los políticos, que se asocian con narcos y sectores económicos que sacan provecho, pero que ahora con los nuevos gobernantes, su festín se ha terminado y que el pueblo debe estar atento en los primeros 100 días de la nueva administración y ojalá que lo que se prometió no sea solo del diente al labio, porque sería volver a lo mismo de lo que el pueblo ya está harto. Queremos una Guatemala, de progreso, paz y concordia….
