Más de 8 millones de guatemaltecos están empadronados para votar en los 340 municipios que conforman la República y más de 80 mil que radican en los Estados Unidos registrador para ejercer el voto, para designar al Presidente y Vicepresidente de la República. Toda la estructura está preparada para iniciar el evento. Se conocen los nombres de los que aspiran a gobernar en los próximos años, que tienen la obligación de dar a conocer al pueblo, sus programas de gobierno para que se analice objetivamente quién debe sacar al país de la pobreza y evitar la emigración de miles de connacionales que con sus remesas parcialmente, mejoran la economía que se ha visto severamente golpeado por el saqueo de los inescrupulosos políticos que sólo les interesa el dinero.
En relación al proceso comicial hay dudas del guatemalteco sobre la imparcialidad de los magistrados electorales que han sido cuestionados por su parcialismo y se teme que puedan recibir consignas para favorecer a determinado candidato y seguir en lo mismo y es aquí… donde el ciudadano debe meditar y rechazar ofrecimientos espurios como ha sido en los últimos 40 años, que ha dado lugar a que Guatemala, siga en la pobreza. Algunos de los aspirantes a la Presidencia, han participado como candidatos presidenciales y el pueblo los ha rechazado por corruptos.
Cerca de 30 partidos políticos están registrados para postular candidatos a la Presidencia, al Congreso, diputados al Parlacen y están conformados comités cívicos que postularán candidatos a las corporaciones municipales. Es prudente que el ciudadano consciente no permita la reelección de los actuales congresistas y alcaldes, vinculados a narcos, quienes les financian sus campañas con dinero mal habido.
El Congreso, erogó varios millones para sufragar las elecciones programadas para el 20 de junio; de no ganar en la primera vuelta, el balotaje será en agosto. Los magistrados electorales han dicho que más de 30 observadores internacionales han confirmado su asistencia para velar desde su perspectiva, los comicios como ha sido usual en eventos pasados, pero el comisionado internacional es solo “observar”, pues de debe respetar la supuesta autonomía que tiene el ente rector de las elecciones y se espera que los magistrados cumplan con lo que han dicho que serán “imparciales” y no aceptar presiones.
El Ministerio Público, está obligado a supervisar las elecciones y actuar dentro del marco de la ley, si detecta anomalías. La Fiscal General Consuelo Porras, ha instruido a los fiscales de la República, para que estén vigilantes y no permitan fraudes y si descubren anomalías poner a disposición de los tribunales a los responsables. Ya se dio a conocer que, en varios municipios del interior, han sido calificados de conflictivos con los antecedentes que se tienen de las elecciones pasadas y por esa razón la fuerza pública actuará, si se descubre a los alborotadores.
El Tribunal Electoral debe ordenar a los dirigentes políticos prohibir y accionar por el acarreo de votantes como ha sido usual en todos los eventos electorales, pues daña la imagen de las elecciones, pero es difícil que esto no suceda, especialmente en el interior del país, donde se engaña al votante con promesas falsas que ya en el poder los políticos no cumplen.
Esperamos que las elija al menor candidato presidencial y exigirle que su misión debe ser combatir la corrupción y
deshacerse de los políticos y de sectores que le hacen la rosca al gobernante y que se ve obligado a aceptar consignas, por ser sus financistas, a cambio de que a los puestos públicos lleguen sus allegados para seguir robando como ha sido tradicional en los últimos años, para desgracia de los honrados.
