Walter Juárez Estrada
En una genuina y verdadera “democracia” se deben respetar las normas que regula la Constitución. Quien por razones del cargo que ocupa no cumple con lo que dice la Carta Magna, violenta el Estado de derecho y es ahora cuando estamos en la antesala que se convocara a elecciones generales para elegir a quien tendrá a su cargo en los próximos cuatro años la responsabilidad del Ejecutivo, es necesario que se exija que se cumpa lo que las leyes dicen, en caso contrario se debe rechazar a quien públicamente no se comprometa con respetar los postulados Constitucionales.
La autonomía del Ministerio Público está enmarcada en el Decreto 40-94, promulgada el 12 de mayo de 1994, que define que es una institución “con funciones autónomas, promueve la persecución y penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública…” La autonomía que tiene esa entidad no siempre el Fiscal General, puede cumplirla por la presión que ejerce el ejecutivo y su círculo de poder, como se ha visto en los últimos años. La destitución en junio del 2020 del jefe de la FECI. Juan Francisco Sandoval, que salió del país el mismo día que fue separado para evitar su encausamiento y con el proceso contra la exfiscal de esa unidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra, condena por un hecho que ha dado mucho que hablar, pues acusó en su ejercicio a un juez de primera instancia del lugar y ahora purga una condena de cuatro años.
El proceso contra el propietario y director del Periódico José Rubén Zamora, como una venganza a las críticas que el comunicador hizo en su medio y que desafortunadamente el proceso precluirá cuando se le condene ilegalmente o bien se le absuelva como tiene que ser por las incriminaciones que se le hace no tiene sustentación y es una “venganza política” como dice el imputado que ha recibido el respaldo de instituciones nacionales e internacionales. Esperaremos que la Fiscal General Consuelo Porras por la experiencia que tiene como profesional rechace las presiones que recibe y encuadre su labor en las leyes del país. Lo ideal sería que en el futuro se reforme la Constitución y que ese cargo sea por el voto popular el pueblo como es en EE. UU. otros países para desligar al jefe de esa entidad de las presiones que recibe.
La “independencia” del Organismo Judicial, está clara en el artículo constitucional, pero desafortunadamente por la forma en que se nómina y se elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones ,por una comisión de postulación y por el Congreso, da lugar a que el evento se politice y no elija a los más idóneos, como sucedió en la escogencia de esos magistrados elegidos por los legisladores de los expartidos PP y Lider originó que por ser un proceso viciado, se impugno en la 7ª. magistratura de la Corte de Constitucionalidad Su escogencia y hasta hoy, el Legislativo no ha procedido a la renovación de los togados que ilegalmente han prologando sus funciones más de tres años
La aplicación de la justicia es que preocupa a la población y a organismos internacionales, que han expresado su rechazo unánime al no proceder al cambio de los magistrados que ahora tiene el descaro de elevarse los salarios y no crear más tribunales para resolver la mora judicial que ha afectado a encausados y ligantes y una saturación en los centros penales que se han convertido en extorsionadores y corruptos como muchos funcionarios.
Pugnaríamos porque el Ministerio Público y el Organismo Judicial, cumplan taxativamente con los postulados constitucionales y no se presten a aceptar consignas para enjuiciar a exfiscales, jueces la exfiscal general Thelma Aldana, Sandoval y los exjuzgadores Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez y periodistas, al no hacerlo el pueblo ya los condenó de por vida…
