Walter Juárez Estrada
El Tribunal Supremo Electoral, cedió a la presión de sectores sociales y los partidos políticos de no aplicar el sistema biométrico para las elecciones generales, porque no daba certeza, ni transparencia en los comicios generales que serán convocados en enero para junio del año entrante y dar lugar que las votaciones fueran impugnadas y se dirimieran en última instancia, en los tribunales. Al darse a conocer que se aplicaría ese sistema, se encendieron las alarmas y el ente electoral fue blanco de rechazo si no daba marcha a esa implementación y por consiguiente se aplicara el sistema antiguo que es conocido por los electores y las instituciones de derecho público.
El pleno de magistrados conoció y analizó las denuncias y dio muestras que los comicios para renovar el Ejecutivo, el Congreso, el Parlamento Centroamericano y las 340 corporaciones municipales, será trasparente y se cumplirá con el mandato del pueblo que es el soberano en las elecciones generales, pues aseguraron que lo que se ha dicho de su parcialismo e inclinación a determinado candidato presidencial, son simples rumores de los enemigos de la democracia que en la mayoría de las ocasiones, echan al vuelo cuestiones que no tienen certeza y credibilidad.
Se dijo que el conteo estadístico de los votos puede efectuarse cotejando los datos del Registro Nacional de las Personas, donde está claro quién es el ciudadano y si está hábil para ejercitar el sufragio. Los grupos que habían mostrado rechazo y oposición, están complacidos por la decisión del órgano electoral que iba a derogar varios miles de quetzales para la compra de ese sistema.
Los magistrados electorales y las instituciones de la entidad que se involucran directamente en un proceso electoral, aseguraron que los mejores jueces que califican los votos, son los integrantes de las mesas receptoras de votos, los fiscales de los partidos, comités que postulan candidatos y las juntas municipales, para que sean ellos –los magistrados–que hagan la adjudicación de los cargos, toda vez no hayan impugnaciones de los próximos dirigentes del país, como suele ocurrir en todos los procesos comiciales.
Más de 100 mil personas están directamente involucradas en las elecciones generales y se espera que los que han participado en los eventos comiciales pasados, que tienen experiencia para calificar las boletas de votación, se involucren en este evento y son los que dan fe y credibilidad en la calificación de los sufragios, para el efecto se impartirán anticipadamente cursos de capacitación.
Sin embargo, existe la duda en la población y los dirigentes políticos en torno a las reformas que se hicieron al reglamento que se aplicará en los comicios, pues creen que se hicieron sin un análisis profundo y exhortan a los magistrados que se asesoren de profesionales que en elecciones pasadas han tenido experiencia de cómo se procesa un evento y que la población tenga certeza que las elecciones se realizarán con apego a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y lo que claramente indica la Constitución, porque si los comicios generan dudas se sospecha que habrá abstencionismo y el que llegue a dirigir los destinos del país en los próximos cuatro años, no tendrá la confianza del guatemalteco que exige absoluta transparencia y que gane el mejor.
