Walter Juárez Estrada
La libertad de expresarse por cualquier medio, pertenece al pueblo y nadie puede abrogarse ese derecho. La Asociación de Periodistas de Guatemala, ha sido clara y ha denunciado las muertes y amenazas del poder público, contra los comunicadores, especialmente contra aquéllos que han cuestionado las decisiones arbitrarias y la corrupción de los últimos gobiernos. Quienes ejercemos ese sagrado derecho de decir la verdad, nuestra vida se ha visto en peligro. Seguimos en la lucha, porque no decir las cosas tal como son, el que no cumple con ese derecho, se vuelve cómplice.
La APG desde su fundación hace más de siete décadas ha sido tenaz. El primer presidente de la entidad, el insigne periodista Clemente Marroquín Rojas, y con los que fueron los primeros directivos de la entidad, allá por el año 1948, dejaron plasmados sus ideales de que su lucha para combatir la corrupción, no debería cesar y los que en los últimos años han dirigido la máxima entidad de prensa del país, han cumplido con seguir las huellas de los que fueron forjadores de la creación de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que con sus comisiones de Libertad de Prensa, han denunciado a nivel nacional e internacional los atropellos, amenazas, persecución de comunicadores: un ejemplo el encarcelamiento ilegal de José Rubén Zamora Marroquín, que por decir la verdad clara a la luz del día, se le imputan hechos venales, a pesar que el imputado ha demostrado que el proceso incoado en su contra es una venganza.
Se ha denunciado “el terrorismo judicial que se tiene contra la prensa”. Los comunicadores del interior de la República han sido blanco de amenazas de políticos y corruptos. En este año se han registrado 105 ataques contra periodistas y en éste gobierno –que lo niega– 380 han sido agredidos de palabra y de hecho. Las denuncias se han hecho en la fiscalía Especial del Ministerio Público que por razones lógicas no actúa, para encausar a los enemigos de la prensa.
Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa estuvo en el país, para comprobar si las denuncias que se han hecho en torno a las amenazas del poder público contra la prensa, era verdad. Para desfortuna de esos amenazadores llevaron un tremendo chasco, se estableció que todo era cierto. Los delegados de la SIP se entrevistaron con funcionarios del Gobierno, entre ellos con el vicepresidente Guillermo Castillo y del MP para exigirles que deben cumplir con el mandato constitucional del artículo 35 de la Carta Magna, que se respete la opinión y la vida de los periodistas y se evite la emigración de varios de los que han sido amenazados por el poder público.
Medios impresos por esas amenazas contra su noble labor de informar se han visto en serio peligro su trabajo de impresión, lo hacen por la vía virtual. Pugnamos que el gobierno que se elegirá en las elecciones de Junio, cumpla con la protección y la libertad de opinión. Es censurable que un gobierno que llegó al poder en elecciones libres, vulnere ese derecho, pues Guatemala no debe ser una Cuba, una Venezuela, muchos menos una Nicaragua, donde los regímenes déspotas y dictatoriales, no les gusta que se diga la verdad.
