Walter Juárez Estrada.
Los millones que autorizó el Congreso, para las elecciones generales del año entrante, por ley deben ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas y no eximir de esa responsabilidad a los Magistrados que se tienen fundadas sospechas que elegirás a los menos idóneos para dirigir el Congreso, las Municipalidades y al futuro Presidente de la República, porque ese fue el compromiso que les hicieron a los diputados y la sociedad guatemalteca y tanques de opinión, reputados dudan de la transparencia e idoneidad de jueces electorales, que han modificado a su sabor y antojo el reglamento de las elecciones próximas.
Los funcionarios electorales dan por sentado que no pueden ser fiscalizados porque la ley les brinda ese derecho. Cualquier acuerdo y reglamento nunca puede ser superior a la Constitución que norma y regula que todos los fondos que provienen de la hacienda pública deben ser fiscalizados y por esa razón se exige al nuevo Contralor Frank Helmuth Bode Fuentes que fue elegido por el Congreso con una amplia mayoría cumpla con la ley, porque la misma ley regula que todos los ciudadanos sin importar rango y condición deben sujetarse a las normas.
Varias entidades han puesto atención en los fondos millonarios asignados para las elecciones del año entrante y se conoce que los magistrados han hecho negocios espurios con varias entidades privadas que han venido sin que se cumpla la ley de licitación equipo y enseres que se usarán en las elecciones generales que serán convocadas en enero para junio en la primera vuelta y de no haber ganador en la primera, el segundo evento podría realizarse en agosto.
Lo importante es que no se dé rienda suelta para ese manejo millonario de dinero y es obligación Constitucional, de la Contraloría General de Cuentas, auditarlos y de comprobar alguna irregularidad, proceder con arreglo a derecho toda vez haya pruebas tasadas que comprueben el mal uno de esos fondos y de hacerlo el Contralor Frank Helmuth Bode Fuentes cualquier entidad o ciudadano, puede hacer uso de los medios legales contra el funcionario que debe poner a prueba no solo su capacidad y que no fue elegido por político sino por su honradez e idoneidad.
En todos los gobiernos los Contralores se someten a las órdenes del ejecutivo y son elegidos y nombrados precisamente por interés políticos, pero según el nuevo funcionario él dice ser honesto y no obedece consignas foráneas menos políticas y se espera que eso por supuesto sea verdad y no una falacia, porque hay claros ejemplos que esos funcionarios antes de ser elegidos, prometen que cumplirán con la ley, pero ahora falta que eso sea verdad y no una mentira.
